Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubano, general Álvaro López Miera, así como responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.
Los sancionados están implicados en «la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad», explicó el comunicado del Departamento de Estado.
Estados Unidos considera que Cuba es un Estado que «patrocina el terrorismo» y una «amenaza a la seguridad nacional«, y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año.
Sanciones abarcan a más militares y empresas del gobierno
Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un largo informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.
Ese informe «relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia y China, ambos proveedores de hardware (equipamiento, ndlr) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para Cuba«, indica el comunicado.
Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.
También agregados militares
Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.
Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también es sancionado.
- La lista incluye a entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.
- De acuerdo a la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.
Aumento de tensión
Washington, que tiene a Cuba sometida a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla.
El gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano.
También ha presentado cargos contra el líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aeronaves civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa.
La decisión se suma a una estrategia de presión aplicada durante todo 2026 por la administración de Donald Trump. En mayo, Washington puso en marcha una nueva ronda de sanciones contra entidades económicas clave vinculadas al conglomerado militar GAESA, al que atribuye el control de cerca del 40 % de la economía cubana. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió entonces que las medidas no serían las últimas y que el objetivo era restringir las fuentes de financiamiento del aparato estatal y militar de la isla.
Ese mismo mes, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que amplió significativamente el alcance de las sanciones. La disposición abrió la puerta a castigar no solo a funcionarios cubanos, sino también a personas y empresas extranjeras que apoyen financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que operen en sectores considerados estratégicos, como energía, defensa, minería, finanzas y seguridad.
En junio, la presión se trasladó al sector energético con las sanciones contra la petrolera estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). Estados Unidos prohibió cualquier relación financiera o empresarial con la compañía y acusó al Gobierno cubano de utilizar la energía como mecanismo de control social y de favorecer a las estructuras militares y de inteligencia. Diario Libre destacó que esta decisión se produjo en medio de la crisis energética que atraviesa la isla y del incremento de los apagones.
Las medidas también han tenido repercusiones sobre empresas extranjeras que operan en Cuba. En junio, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond Resorts anunció el cese de sus operaciones en la isla, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la caída del turismo internacional. Diario Libre reseñó que la creciente presión de Washington ha elevado la incertidumbre para las compañías con vínculos comerciales con el Estado cubano.
En julio, Marco Rubio reiteró que la administración Trump mantendrá «todas las herramientas» disponibles para presionar al Gobierno cubano, al cumplirse cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021. Paralelamente, Washington difundió un informe en el que acusa a Cuba de mantener durante décadas actividades de espionaje y subversión contra Estados Unidos, reforzando el argumento de seguridad nacional utilizado para justificar el endurecimiento de las sanciones.