Amnistía Internacional (AI) exigió este viernes a las autoridades que protejan a los inmigrantes y refugiados y al personal humanitario que los asiste en la ciudad española de Ceuta, debido al ambiente de violencia creciente, discursos y actos racistas como la quema de un campamento de extranjeros en una playa.
La organización de derechos humanos reconoció las «dificultades», incluidas agresiones, que sufren las fuerzas de seguridad y militares en la ciudad norteafricana, donde permanecen 5,000 personas (incluidos 1,500 menores de edad) en situación irregular y precaria de las 72,000 que entraron de manera masiva desde Marruecos a últimos de julio, según datos del Ministerio del Interior español.
Pero AI advirtió de que ha recibido «denuncias y testimonios creíbles» de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes y también de particulares que se manifiestan contra la presencia de los inmigrantes y, en ocasiones, se dedican al «hostigamiento con insultos racistas«, según un comunicado de la organizacón.
Por «su impunidad» y por haber ocurrido a plena luz del día, fue «especialmente grave» la quema del campamento de inmigrantes en la playa del Trampolín este jueves, sin que todavía haya detenidos por ello.
También denunció que el personal humanitario de Cruz Roja y de otras ONG recibe «amenazas» y ve «obstaculizada» su labor de repartir comida y agua y procurar asistencia humanitaria «a personas que lo necesitan».
Derecho de protección
Toda persona, recalcó, con independencia de su origen o estatus migratorio, «tiene derecho a la protección de su vida e integridad física«, y quienes prestan asistencia humanitaria «deben poder hacerlo sin miedo y con protección adecuada frente a violencia y amenazas«.
«La retórica que deshumaniza a migrantes describiéndoles como invasores y enemigos a quienes cazar es un caldo de cultivo idóneo para la violencia, el odio y la discriminación. Impedir la entrega de comida y agua no protege ninguna frontera: destruye nuestra humanidad», argumentó.
Para concluir, exigió a todos los partidos políticos y autoridades de España que «condenen públicamente los actos y discursos racistas y xenófobos», protejan «a todas las personas, incluyendo migrantes y refugiadas» y garanticen que el personal humanitario pueda trabajar con seguridad.
