Muere un tercer militar colombiano tras atentado en Colombia

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Un tercer militar murió este sábado a consecuencia del ataque con drones cargados con explosivos perpetrado la víspera contra un batallón del Ejército colombiano en el municipio de Ocaña, en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, informó el Ministerio de Defensa.

Según la información, el atentado fue perpetrado el viernes por la noche por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que atacó la unidad militar de El Trapiche, situada en la zona urbana de Ocaña.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lamentó anoche la muerte de un capitán y un soldado durante el ataque; sin embargo, este sábado se dio a conocer el fallecimiento de un tercer uniformado como consecuencia de las heridas sufridas.

«Lamentamos profundamente el asesinato del capitán Marco David Pirajón Montezuma y de los soldados profesionales Jhon Carlos Marrugo Manjarrez y Joel Alberto Jiménez Jaramillo, víctimas del atentado ocurrido en Norte de Santander«, detalló el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.

Como resultado del atentado, además de las víctimas mortales, cinco militares fueron heridos y un helicóptero resultó con daños luego de ser alcanzado por esquirlas.

Ataque simultáneo

De manera simultánea, integrantes del ELN atacaron la estación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen, a menos de horas de Ocaña, donde los uniformados «activaron los protocolos establecidos para proteger a la comunidad y preservar las condiciones de seguridad».

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, que además mantienen una disputa territorial entre ellos.

Al condenar anoche el ataque, De la Espriella aseguró que diseñará junto a la cúpula militar y de Policía «una nueva estrategia para el Catatumbo» con el objetivo de «golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas».

Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró este sábado que comparte la decisión de De la Espriella, pero pidió «tener en cuenta la necesidad de abordar la situación de Ocaña y el Catatumbo de una manera integral».

«La respuesta disuasiva, a través del uso de la fuerza es necesaria, pero insuficiente en un escenario complejo que requiere la intervención multisectorial para transformar situaciones estructurales y proteger integralmente a la población civil», aseguró la defensora Iris Marín.

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