Si hoy ocurriera un terremoto de gran magnitud en la República Dominicana, ¿cuántas edificaciones podrían resistirlo sin colapsar, cuántas cuentan con condiciones adecuadas para una evacuación segura y cuántos de sus ocupantes sabrían qué hacer durante y después del movimiento telúrico?
Ninguna de las instituciones consultadas para este reportaje pudo responder de manera integral esas preguntas. El Estado dispone de normas y mecanismos de supervisión, pero no de un sistema que reúna la información necesaria para determinar qué proporción de las edificaciones públicas y privadas está estructuralmente preparada, cuenta con condiciones para una evacuación segura y tiene ocupantes que sepan cómo responder ante una emergencia.
La supervisión está distribuida entre distintos organismos. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) interviene en las construcciones formales, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) evalúa estructuras existentes, los cuerpos de bomberos revisan medidas contra incendios y evacuación, el Ministerio de Trabajo (MT) supervisa la seguridad en los centros laborales y el Ministerio de Educación (Minerd) aplica sus propios mecanismos en las escuelas.
Esos controles se realizan sobre universos distintos y sus resultados no confluyen en una evaluación común que permita establecer el nivel de preparación de una misma edificación en todas esas dimensiones.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), encargado de coordinar la preparación y respuesta ante desastres, tampoco dispone de esa información. Su director, Erdwin Robert Olivares Luciano, dijo que las estadísticas de cumplimiento corresponden a los organismos reguladores.
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“No, porque esa es una responsabilidad propia de los ministerios reguladores que te mencioné”, explicó. El COE tampoco posee un registro nacional de instituciones con planes de emergencia y evacuación.
Miles de escuelas, pocas evaluaciones
El Minerd informó a Diario Libre que tiene levantados 8,470 centros educativos, de los cuales 5,343 cuentan con Planes Escolares de Reducción de Riesgos de Desastres. Esto deja 3,127, equivalentes al 36.9 %, sin un plan registrado dentro de ese levantamiento.
El universo educativo es aún mayor. Las estadísticas oficiales del año escolar 2024-2025 registran 10,648 centros entre públicos, privados y semioficiales.
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Entre 2024 y 2026, el Minerd reportó 322 centros evaluados específicamente para reducción de riesgos de desastres, alrededor del 3 % del universo nacional. El porcentaje no significa que los demás nunca hayan recibido otras intervenciones de seguridad, pero muestra el alcance de esas evaluaciones específicas.
El Ministerio tampoco pudo establecer cuántos de los centros revisados presentaron problemas.
“No se dispone de una cifra consolidada sobre los centros que presentaron deficiencias”, respondió a Diario Libre. También reconoció que existen registros parciales, pero no una estadística de los últimos cuatro años que reúna centros evaluados, deficiencias, simulacros y planteles con planes de emergencia.
Entre las fallas identificadas figuran rutas de evacuación deficientes, puntos de encuentro inadecuados, condiciones estructurales, planes desactualizados y falta de simulacros. También aparecen problemas con extintores, alarmas, señalización, sistemas de detección e instalaciones eléctricas.
Antes del 2011
La seguridad sísmica de las nuevas construcciones tiene exigencias normativas más fuertes desde 2011. Ese año, después del terremoto que devastó Haití, República Dominicana aprobó el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras R-001, que sustituyó las recomendaciones provisionales vigentes desde 1979.
La norma estableció requisitos obligatorios para diseñar las nuevas estructuras tomando en cuenta las fuerzas sísmicas, la zonificación, las características de la edificación y otros criterios orientados a preservar la vida humana.
Para las construcciones anteriores la situación es distinta. El R-001 se aplica cuando una estructura existente es modificada, ampliada, intervenida o rehabilitada para un nuevo uso, o cuando es sometida a una evaluación de vulnerabilidad, pero no ordenó reevaluar todas las edificaciones levantadas antes de 2011.
La Onesvie es la entidad encargada de realizar esas evaluaciones. Entre 2020 y noviembre de 2025 reportó 1,391 en edificaciones públicas y privadas, que se efectúan a partir de solicitudes formales.
Esos estudios permiten identificar vulnerabilidades y formular recomendaciones sobre estructuras específicas, pero no constituyen un censo nacional. Tampoco existe un dato directamente comparable del total de edificaciones que permita establecer qué proporción ha sido evaluada.
Casos recientes muestran las consecuencias que pueden aparecer en estructuras con décadas de servicio. En el Hospital Salvador B. Gautier, inaugurado en 1951, varias áreas fueron desalojadas después de que un estudio detectara riesgos en la edificación donde funcionaba la emergencia.
El director del centro, Mingkingüeis Maarlem Castillo, informó que la recomendación técnica fue demoler de manera controlada esa estructura y levantar una nueva porque sus condiciones no permitían limitar la intervención a un remozamiento.
Un antecedente similar ocurrió en el Hospital Padre Billini. En 2018, la aparición de un socavón y estudios posteriores revelaron problemas que comprometían la estabilidad de la edificación, lo que obligó a trasladar servicios y posteriormente realizar una intervención estructural.
Ocho personas para el DN
En materia de incendios, el Reglamento R-032 faculta a los cuerpos de bomberos municipales para inspeccionar edificaciones existentes.
En el Distrito Nacional, sin embargo, las revisiones funcionan principalmente a partir de solicitudes.
“Funciona bajo un esquema de solicitud de las personas para agendar una cita”, explicó el coronel Genaro de Jesús Rodríguez, director del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (CBDN). También acuden ante denuncias, quejas o cuando identifican algún riesgo.
Rodríguez precisó que las inspecciones se originan principalmente en solicitudes para renovar permisos de operación o manejo de combustibles. El departamento cuenta con ocho personas y dos vehículos y efectúa entre 650 y 700 inspecciones al año.
“Por lo general siempre existen mejoras que realizar”, afirmó. Entre las fallas frecuentes identificó extintores que no corresponden al riesgo, sistemas de alarma y detección que funcionan parcialmente, detectores de humo fuera de servicio, problemas eléctricos visibles y señalizaciones eliminadas o desplazadas después de remodelaciones.
Otro sistema para las empresas
Las empresas están sujetas a otro régimen. El Reglamento 522-06 obliga a los empleadores a mantener un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe ser remitido al Ministerio de Trabajo y actualizado periódicamente.
En 2024, Trabajo reportó 1,432 evaluaciones de condiciones de seguridad y salud, 1,085 monitoreos de seguimiento y 674 auditorías. Sin embargo, en 2023 apenas el 4 % de las empresas formales registradas tenía constituido el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, uno de los mecanismos previstos para gestionar la prevención.
Lo visible y la preparación real
Durante un recorrido realizado por Diario Libre en varias instituciones públicas se observaron extintores, señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro. Esas medidas muestran que existen elementos visibles de preparación, pero no permiten saber por sí solas si los equipos funcionan, los planes están actualizados o los ocupantes conocen cómo actuar.
Para Olivares, una de las principales brechas está precisamente en mantener esa preparación en el tiempo.
“La principal brecha es poder darles continuidad a los ejercicios”, dijo. Agregó que estos no pueden realizarse un solo día para cumplir una norma o participar en el simulacro nacional, especialmente en empresas que funcionan las 24 horas y tienen trabajadores en distintos turnos.
El Cuerpo de Bomberos tampoco puede determinar cuántas empresas realizan realmente simulacros. Rodríguez explicó que algunas solicitan a la institución evaluar esos ejercicios, mientras otras los realizan sin su participación.
“Hay lugares donde realizan el simulacro sin nuestro conocimiento y no podemos constatar si fue efectivo o si realmente se realizó”, afirmó.
Así, el Estado contabiliza inspecciones, evaluaciones y planes por separado, pero no puede establecer qué proporción de las edificaciones del país reúne simultáneamente las condiciones estructurales, de evacuación y de preparación de sus ocupantes necesarias para enfrentar un terremoto.