El Congreso de Colombia aprobó la ley de sometimiento de criminales a la justicia impulsada por el gobierno del derechista Abelardo de la Espriella, dirigida a los grupos armados que siembran el terror en el país.
Con la nueva normativa, los miembros de grupos ilegales que se entreguen y colaboren con las autoridades recibirán rebajas en sus penas y serán procesados por la justicia común.
Esto sepulta la política de paz promovida por el gobierno de izquierda del expresidente Gustavo Petro, quien intentó negociar -sin éxito- el desarme de los grupos ilegales mediante el diálogo.
«La falsa paz total llegó a su fin», escribió en X De la Espriella en la noche del martes tras la aprobación del Congreso, donde el oficialismo tiene mayorías.
Una política de mano dura
El derechista promueve una política de mano dura contra los poderosos grupos criminales del país, que se financian con el narcotráfico y la minería ilegal y atacan a la fuerza pública y civiles con atentados y drones cargados de explosivos.
- La oposición bautizó la nueva ley como la «Paz traqueta (mafiosa)», y asegura que beneficia a testaferros y lavadores de activos.
- Contempla una reducción de penas de hasta el 50% para integrantes de grupos armados y hasta un 30% para sus cabecillas.
Para acceder a los beneficios deben cumplir condiciones como aportar información, contribuir al desmantelamiento del grupo, entregar armas, bienes y pagar una pena mínima de cárcel en algunos casos.
Los responsables de reclutamiento de menores no podrán acogerse a estos beneficios. En Colombia, es una práctica extendida entre grupos armados y uno de los crímenes más visibles de la degradación del conflicto armado activo por décadas.
La ley será sancionada este miércoles por el presidente para entrar en vigor.