El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) condenó este jueves el atropello al defensor del Pueblo y a los periodistas que le acompañaron en el canódromo.
Considera que la agresión fue atentado a la Constitución y a las libertades por tratarse de una figura protegida constitucionalmente como representante de los intereses de los ciudadanos.
El observatorio calificó como una retranca para la democracia el atropello a la libertad del ejercicio periodístico, al confiscar y destruir material informativo, “lo cual viola el derecho a la información, una de las libertades conquistadas después de la dictadura”.
Llama a que los responsables sean castigados de manera ejemplar ya que los afectados forman parte de los instrumentos de la conformación del Estado de Derecho asumido en la Constitución del 2010.
Entiende que este acto debe tener “serias consecuencias” para evitar que nuevamente se produzcan hechos similares.
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Para la entidad defensora de los consumidores, borrar grabaciones y contenido del trabajo periodístico constituye un delito grave, “por lo que sus autores deben recibir el castigo que la ley establece y sentar un precedente para que no se repitan hechos de esa naturaleza”.
El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor indicó que hace bastante tiempo, desde la administración anterior existen quejas de miles de motoristas a quienes se les incautaban los motores y debían pagar dinero extra para lograr su devolución.
Precisa que la supuesta mala práctica quedó descubierta ante las miles de denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo, quien utilizando la investidura para la que fue electo, fue en busca de proteger los derechos de los ciudadanos.
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La entidad sugirió que los agentes de la Policía Nacional deben ser entrenados en las nuevas leyes que rigen en el país, y que también refresquen todo lo relacionado con los derechos de los ciudadanos para que estos sean debidamente respetados.
Unos 15 mil ciudadanos han sido afectados con la retención de sus vehículos, por lo que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), «debe organizar un rápido operativo para que les sean devueltos los vehículos a sus legítimos propietarios, y despejar no solo las dudas, sino los espacios de almacenamiento como el Canódromo, que debería ser desmantelado cuanto antes».