El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó el lunes que el asilo político que le ha sido otorgado en Bélgica es prueba de que está siendo perseguido por las autoridades de su país, y no descartó un regreso a la política.

Correa, que en 2020 fue declarado culpable de cargos de corrupción y sentenciado in absentia a ocho años de prisión, vive desde 2017 en Bélgica, el país natal de su esposa.

Si bien las autoridades ecuatorianas han exigido su arresto y extradición anteriormente, se le ha permitido permanecer en Bélgica.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador envió una nueva solicitud de extradición para Correa la semana pasada, pero ahora ha trascendido que la Comisaría General para Refugiados y Apátridas de Bélgica otorgó asilo al exjefe de Estado, con el estatus de refugiado.

La agencia emitió un certificado fechado el 15 de abril que fue visto por The Associated Press.

En entrevista con la AP, Correa aseveró que ahora puede viajar con seguridad por todo el mundo, excepto en Ecuador.

“Yo trabajo viajando, doy conferencias, doy cursos, doy consejos económicos”, señaló.

El exmandatario indicó que la única forma de detener lo que percibe como una persecución política sería volver a ocupar un cargo de elección popular.

“Si mi regreso a Ecuador ayuda a que ganemos elecciones, como candidato, apoyando, dirigiendo… tendré que hacerlo”, manifestó.

El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, dijo al canal Teleamazonas desde Quito que no ha recibido ninguna notificación “respecto a un asilo o refugio que haya dado el gobierno de Bélgica, es un tema soberano de cada país … es una relación de quien solicita y quien se lo entrega”.

Añadió que “no existe persecución política. El señor Correa tuvo derecho a su legítima defensa, en este momento es un ciudadano prófugo de la justicia ecuatoriana”. También aseveró que no ha llegado el pedido ni el expediente de la Corte Nacional de Justicia para realizar el pedido de extradición.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, dijo la semana pasada que firmó la orden de inicio del proceso de extradición con relación a la sentencia de Correa en el caso de corrupción. En ese momento, los fiscales señalaron que el expresidente supervisó una confabulación en la que empresas extranjeras y locales realizaron pagos en efectivo a su ahora desaparecido partido político Alianza PAIS a cambio de contratos lucrativos de obras públicas.

Correa sigue negando que haya cometido delito alguno y se presenta como víctima de una cacería de brujas política.

“Los corruptos son ellos (…), yo siempre he sido un perseguido político”, afirmó.

El ecuatoriano, que se identifica con el movimiento de izquierda latinoamericano, dejó el poder en mayo de 2017 luego de una década al frente del país andino.

Desde entonces se ha solicitado su extradición en tres ocasiones, una luego de ser declarado culpable en un caso de secuestro de uno de sus oponentes políticos y dos veces por el mismo caso de soborno.

El abogado de Correa, Christophe Marchand, dijo que la solicitud de asilo se presentó porque el exjefe de Estado estaba en la mira por razones políticas.

“No es fácil conseguir el estatus de refugiado político para un exjefe de Estado”, indicó Marchand. “Tuvimos que convencerlos de que estábamos ante un problema sumamente grave relacionado con la independencia de la justicia en Ecuador”.