Los republicanos emprendieron el jueves nuevos intentos para impedir que el gobierno del presidente Joe Biden cambie la forma en que se manejan las solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos: Texas y Arizona pidieron a las cortes bloquear nuevos procedimientos que podrían decidir los casos de asilo en meses, en lugar de años.

Las demandas se inscriben en una semana ajetreada en torno a las políticas de inmigración del país. La Corte Suprema federal cuestionó una norma que obliga a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de sus procesos, y un juez federal de Luisiana suspendió temporalmente la eliminación gradual de las restricciones al asilo implementadas cuando comenzó la pandemia de COVID-19.

Ello tiene al gobierno federal defendiendo las modificaciones previstas a los programas de asilo en todos los frentes. Estas incluyen ahora nuevas normas que habilitarían a los funcionarios encargados del asilo para conceder o denegar las solicitudes, una autoridad que ha estado limitada a los jueces de inmigración para la gente que llega a la frontera con México.

Trece estados, todos con gobernadores o procuradores republicanos, se unieron a Arizona en una demanda interpuesta en Luisiana. Texas entabló una querella similar.

“Esto no es más que un intento radical de establecer un sistema que fomenta la inmigración ilegal y socava el estado de derecho”, manifestó el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich.

El secretario de Justicia del país, Merrick Garland, ha dicho que los nuevos procedimientos reducirán la carga en los tribunales de inmigración, que forman parte del Departamento de Justicia.

El gobierno de Biden estimó el año pasado que necesitaría contratar 800 empleados más para que los funcionarios de asilo puedan manejar unos 75.000 casos al año. Sin más dinero ni nuevos puestos, no está claro qué tanto impacto tendrá la medida en un principio.

Estados Unidos ha sido el destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo desde 2017, de acuerdo con la agencia de refugiados de la ONU, lo que supone una enorme presión para los tribunales de inmigración. El número de casos pendientes de resolver se ha disparado hasta alcanzar casi 1,7 millones.

Los estados implicados en la querella también demandaron para preservar la llamada norma Título 42, que niega a los inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19.