La investigación del Ministerio Público iniciada en 2020 sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad ha cerrado con 31 personas acusadas. 

Diario Libre tuvo acceso al listado completo de las empresas y los acusados que, conforme al Ministerio Público, a través de diversas maniobras fraudulentas, supuestamente sustrajeron fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por más de 4,000 millones de pesos. 

Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado. 

Establece que el «entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves».

La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, dice el Ministerio Público. 

También establecen que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.

Asimismo, supuestamente adulteraron cuadres, para presentar informes ficticios que se presentaban a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud a sus operaciones.

Otra de las características es que presuntamente elaboraban cuadres reales en los que se evidencian sus acciones delicitivas, tendentes a distraer fondos; informe que era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de codinomes 12 que individualizan el gasto real del dinero distraído.

La Pepca además establece que los generales «exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cusep y Cestur». Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.

Los acusados supuestamente eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano.