Las restricciones por la pandemia agudizaron todavía más la discriminación y abusos contra «los grupos más marginados» en todo el mundo, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, entre los que se encuentran personas sin hogar, LGTBI, trabajadoras sexuales y consumidores de drogas.
A partir de una encuesta a 54 organizaciones de la sociedad civil en 28 países, el texto documenta cómo el enfoque «excesivamente punitivo» ha sido el «defecto común» de las normativas de salud pública -con multas, detenciones y encarcelamientos en caso de incumplimiento-, que acabaron exponiendo todavía más al acoso y a la violencia a aquellos que ya lo sufrían antes de la emergencia sanitaria.
«Los grupos que antes de la pandemia ya estaban sometidos a un control policial excesivo han sufrido discriminación, uso ilegítimo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad», apunta en un comunicado la organización en defensa de los derechos humanos.
Asimismo, las organizaciones que participaron en la encuesta también señalaron casos en que se habían castigado y criminalizado a los colectivos con quienes trabajaban, incluidas las mujeres que necesitaban abortar durante la implementación de medidas contra la covid-19.
Si bien hubo diferencias de legislación entre un país y otro, el director general de Política de Amnistía Internacional, Rajat Khosla, denunció el uso generalizado de sanciones punitivas para hacer frente a la propagación del coronavirus y las consecuencias negativas de leyes y normas preexistentes que ya «criminalizaban y marginaban» a esos colectivos.
«El énfasis excesivo en el uso de sanciones punitivas contra personas por no cumplir la normativa, en lugar de apoyarlas para cumplirla mejor, tuvo un efecto muy desproporcionado en quienes ya se enfrentaban a discriminación sistemática”, arguyó Khosla, quien también calificó estas políticas de «cortedad de miras», dejando a estos grupos «a merced de una actuación policial violenta y discriminatoria».
Entre otras medidas punitivas, las organizaciones mencionaron el uso generalizado de multas, detenciones, amonestaciones, apercibimientos por escrito y órdenes policiales de no acercarse a algún lugar público.
En México, la organización de derechos humanos Elementa denuncia abusos policiales en el marco del cumplimiento de medidas anticovid, con ataques especialmente dirigidos a personas que consumían o poseían drogas.
“Cuando los gobiernos utilizan enfoques punitivos para hacer cumplir medidas de salud pública, sencillamente resulta más difícil cumplirlas. Las personas que perdieron sus medios de sustento de la noche a la mañana y las que carecen de hogar se vieron criminalizadas por no cumplir las medidas contra la COVID-19, en lugar de recibir apoyo para acceder a vivienda u otros servicios esenciales”, agregó Khosla.