Informe56.com / San Francisco de Macorís.- Una francomacorisana, que desde hace tres años vive en Estados Unidos y se encuentra esperando la ciudadanía, se mantendría cobrando sin trabajar en el Ministerio de la Juventud, según se denunció a este medio una de nuestras fuentes.

La presunta irregularidad, investigada el equipo de INFORME56.COM, indica que la joven Jenny Laura Campos Then estaría cobrando mensualmente RD$16,500 pesos, lo que constituiría otro de los abusos que se cometen contra el erario y ejemplo de punto de partida fundamental para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gobernabilidad democrática.

De acuerdo a informes, Jenny Laura Campos Then, quien desde hace tres años vive en Estados Unidos, efectúa los retiros mediante una tarjeta que supuestamente entregó a un familiar.

Estamos investigando doce casos más de personas que cobran sin trabajar, dentro y fuera del país, con nombramientos en el Ministerio de la Juventud y que estaremos denunciando dentro de los próximos días.

El pago de nómina a personas que no rinden ninguna función en las instituciones del Estado no se corresponde con los principios que regulan la Administración Pública, establecidos en el artículo 138 y que exigen: “eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación”.

Por lo que exigimos a la licenciada Robiamny Nadesha Balcácer Vásquez, incumbente del Ministerio de la Juventud de la República Dominicana, a dar seguimiento a esta denuncia contra Campos Then, y además, a exhortar a los órganos de control de la Administración Pública a continuar realizando las auditorías y diagnósticos que sean necesarios para detectar las deficiencias agudas en esta materia que pudieran estar ocurriendo y que podrían ser un punto de partida fundamental para la necesaria lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gobernabilidad democrática.

Es inaceptable que el gasto público del Gobierno Central continúe destinando una gran parte de la nómina al pago de salarios de personas que no ejercen ninguna función, o son improductivos o cuyos puestos no pueden ser justificados en el marco de una planificación institucional coherente y ajustada.