Cinco mujeres cubanas condenadas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 a ocho años de cárcel cada una afirman que continuarán levantando la voz por los derechos del pueblo de Cuba, pese al «ajuste de cuentas» del que dicen ser víctimas, informó este lunes el exilio cubano.
La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) distribuyó una carta escrita a mano en prisión por Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Lisdany Rodríguez Isaac y Lisdiany Rodríguez Isaac, quienes recibieron sentencia el pasado 6 de junio en Villa Clara y se declaran «presas políticas«.
La entidad manifestó su solidaridad con quienes, «a pesar de la represión desplegada por la dictadura contra ellas y sus familias, continúan incansables en la búsqueda de la verdad y la libertad».
Las cinco dicen que su condena no es más que un «ajuste de cuentas de aquellos que movidos por el odio hacia quienes defienden sus ideas, golpean, encarcelan y hasta matan a todo aquel que no está de acuerdo con su absurda política comunista».
Además, señalan que fue «un juicio lleno de falsas acusaciones y totalmente dirigido por la policía política» y aseguran que continuarán su lucha.
«A pesar de nuestra situación, no dejaremos de levantar nuestra voz, de exigir no solo nuestros derechos, sino el de un presidio político que por años ha sufrido las torturas y los crímenes de este régimen», dicen en la carta escrita en la prisión Guamajal «Mujeres», que describen como «un lugar tenebroso».
Las firmantes claman a «todos los organismos de derechos humanos en el mundo y a todas las personas de buena voluntad para que se unan a nuestro clamor, a nuestra lucha que es digna y justa, así como nuestras ideas son claras y firmes».
«Al pueblo de Cuba le queremos pedir que apoyen el Paro Nacional y todas las iniciativas que vayan dirigidas al fin de este régimen opresor. Cuba es de los cubanos, las calles son del pueblo. No pedimos clemencia, pero sí exigimos justicia. Patria y Vida», subrayan.
Las protestas pacíficas antigubernamentales del 11 de julio de 2001 fueron las más grandes que ha habido en Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959.
El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel respondió con dureza a los manifestantes e hizo miles de detenciones, incluyendo de personas menores de edad, que están siendo juzgadas este año.