El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, vetó este martes un proyecto de la Cámara de Representantes que proponía recortar en un 75 % la deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que ha despertado controversia en la isla.
Pierluisi justificó en una carta a la Asamblea Legislativa que la medida es contraria al ordenamiento jurídico vigente e incompatible con la ley federal Promesa y con el Plan Fiscal certificado.
La ley Promesa fue aprobada en 2016 en el Congreso en Estados Unidos para ayudar a gestionar la crisis de Puerto Rico derivada de su multimillonaria deuda pública y para establecer, asimismo, una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la isla.
El gobernador recordó que el ordenamiento jurídico establece la supremacía de las leyes federales sobre las leyes de los Estados y territorios y que, desde 2017, la AEE atraviesa por un proceso de reestructuración bajo la ley Promesa.
«Dar paso a un proyecto de ley tan deficiente de su faz, en lugar de adelantar, atrasaría el proceso de la reestructuración de la deuda de la AEE», concluyó.
La propia JSF, entidad que supervisa la política económica del Gobierno puertorriqueño, advirtió hoy al gobernador y a la Legislatura que la medida es inconsistente con el plan fiscal certificado para el Gobierno de Puerto Rico.
En enero pasado, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80 % de la deuda del Gobierno central de Puerto Rico, que quedó reducida de 33,000 millones de dólares a 7,300 millones, pero este no incluyó la deuda de la AEE.
El Proyecto 1133, de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández, buscaba establecer la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE, que asciende a unos 9,000 millones de dólares con los bonistas.
La medida estipulaba condiciones para la reestructuración de la deuda como fijar como tope una tarifa nunca mayor a los 20 centavos el kilovatio hora e implementar reformas en las emisiones de bonos y deudas con un recorte no menor de 75 % de su balance actual.
Las críticas al veto no se han hecho esperar. El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en el Senado, Rafael Bernabe, dijo en un comunicado que el gobernador «cometió un error grave» y debería haberse opuesto a la JSF.
«Se escuda con argumentos legalistas para negar a Puerto Rico un verdadero alivio en los costos de la electricidad. Dice que no se pueden aprobar leyes que sean inconsistentes con el Plan Fiscal, que la legislatura se arriesga a que los tribunales invaliden estas medidas. Se rindió antes de pelear», denunció.
También el representante José Rivera Madera, coautor de la medida y miembro del opositor Partido Popular Democrático (PPD), criticó que esta acción «evidencia el empeño incesante del gobernador de defender a los partidarios de los fondos buitres que llevaron al país a la quiebra». EFE