Los congresistas del movimiento político del presidente electo Gustavo Petro anunciaron el martes una iniciativa para reformar el Congreso de Colombia que ya ha fracasado en el pasado.
La iniciativa incluye reducir el salario de los congresistas, disminuir las vacaciones, aumentar las causales por las que los congresistas pueden perder su cargo y limitar la reelección de congresistas a tres periodos.
“Tenemos un largo historial de fracasos. Ahora bien, tenemos un nuevo Congreso que tiene mayorías que están pactadas en torno a un programa de gobierno que tiene como puntos centrales la lucha contra la corrupción”, dijo el senador Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico.
El miércoles se instalará el nuevo Congreso que contará con una inédita bancada de izquierda y una amplia coalición de gobierno que incluye a partidos tradicionales como el Liberal, dirigido por el expresidente César Gaviria, quien no apoyó a Petro en la campaña electoral.
Esas nacientes mayorías se medirán en la discusión de la reforma al Congreso. Según las cuentas del Pacto Histórico, en el pasado se han hundido 13 proyectos de ley que pretendían reducir el salario de los congresistas, cuatro más que buscaban modificar las vacaciones y otros cinco que golpeaban el ausentismo.
“Es una prueba de fuego para los partidos que en el pasado se opusieron a este tipo de proyectos y que hoy integran la bancada de gobierno… sabremos si su intención es sincera o simplemente están aquí para mantener unos privilegios”, advirtió el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico y muy cercano a Petro.
El exrebelde Petro se posesionará el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda de Colombia, luego de vencer al magnate de bienes raíces Rodolfo Hernández, en una ajustada campaña.
Los congresistas que abanderan la propuesta aún están definiendo la magnitud de la reducción de los salarios y su entrada en vigencia. Actualmente, es de unos 7.800 dólares mensuales, más de 30 veces el salario mínimo de un trabajador en el país.
También se aumentarían las causales de pérdida de investidura, la sanción con la que los congresistas son castigados al sacarlos del cargo. Se aplicaría en caso de que los congresistas acumularan más de seis inasistencias injustificadas a sus labores en el capitolio, así como cuando reciban “prebendas burocráticas como contraprestación a su participación o no en la discusión y votación” en el Congreso.
“Esa relación de chantaje y soborno entre el poder ejecutivo y el legislativo vamos a castigarla severamente”, aseguró Cepeda.