El conflicto colombiano tuvo una huella aún más brutal en pueblos étnicos y afro, cuyos miembros durante décadas no fueron considerados seres humanos por los actores armados, y sus territorios y cuerpos fueron los más afectados por la violencia, según reveló un nuevo capítulo publicado este martes por la Comisión de la Verdad.

Se trata del capítulo étnico, titulado «Resistir no aguantar», del informe final de esta Comisión, que incluye 3.849 entrevistas con indígenas, pueblo negro, afro, raizal y palenquero y rrom, y que relata cómo el conflicto se ensañó con estos pueblos.

Tanto así que algunos de los 115 pueblos indígenas del país ya están al borde de la extinción.

Según la Corte Constitucional, en Colombia hay 71 pueblos indígenas en situación de exterminio físico y cultural.

«Cuando se trataba de cuerpos con un color distinto, la violencia era más cruel», explicó hoy en la presentación del capítulo el comisionado Leyner Palacios, que sabe en carne propia de estos casos, pues fue víctima de la masacre de Bojayá, en la que murieron en torno a un centenar de personas que se resguardaban en una iglesia de este pueblo del Chocó (noroeste) cuando las FARC lanzaron un cilindro bomba allá.

En muchas ocasiones, los actores armados no mataban a los indígenas, afro o rrom con un disparo, sino que lo hacían a machetazos o hachazos, explicó Palacios, quien aseguró que la vida de estos pueblos valía tan poco que «esas personas no merecían una bala que costaba 8.000 pesos (1,8 dólares)».

RACISMO ESTATAL

Este capítulo da cuenta de que «los pueblos étnicos no eran visto como seres humanos», hasta el punto de que recoge testimonios de estos perpetradores donde confiesan que no sabían «que matar indígenas era delito».

Y ese racismo impregnado en los actores armados no se quedaba solo ahí, sino que desde el Estado hubo una negligencia con estos pueblos, en el hecho de «no considerarlos sujetos que merecen igualdad de protección y de derecho», explicó el comisionado.

Según se lee en el capítulo, de más de 650 páginas, «los vacíos de información y las fallas en los registros oficiales sobre los pueblos étnicos son una de las expresiones del racismo institucional», lo que ha ahondado también en la impunidad, puesto que si no existen de cara al Estado, tampoco nadie va a exigir cuentas por su exterminio.

En ese sentido, de las fuentes cuantitativas consultadas por la Comisión, por ejemplo, en el 72,6 % de las víctimas de desaparición forzada se desconoce su etnia, mientras que en caso de homicidio el porcentaje es del 64,2 %.

Sin embargo, en la revisión de cifras hecha para el informe, la Comisión de la Verdad determinó que «el conflicto armado ha afectado en mayor medida a las personas indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rrom».

«Encontramos relación entre racismo estructural y conflicto armado porque encontramos prácticas que llevan a territorios étnicos como territorios de saqueos, donde pueden ir, reclutar, dominar y violentar», resumió la comisionada Patricia Tobón.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

«La desproporcionalidad que recibieron los pueblos étnicos en el conflicto fue aún mayor, por la cantidad de masacres y asesinatos, pero también por las maneras y prácticas de imponer el terror», aseguró Palacios, quien añadió que además muchos de estos actos fueron invisibilizados y no tenidos en cuenta en las estadísticas.

De esa forma, la Comisión de la Verdad ha evidenciado «un exterminio físico y cultural», sobre todo de los pueblos indígenas, ya que identificaron un total de «115 pueblos indígenas y en el 60 % algunos están con menos de 10 personas como pueblo», según el relato de Palacios.

En ocasiones, como sigue sucediendo, la violencia y homicidios iban en contra de los líderes espirituales o sabios de las comunidades, como una forma de implantar el terror.

En el caso de los rrom, del pueblo gitano, vivieron una persecución, quizás de las más invisibilizadas del conflicto, que los forzó a tener que renunciar en muchos casos a sus costumbres para mimetizarse en la sociedad.

Este informe también da cuenta de cómo de los corredores del conflicto hubo 17 macroterritorios con presencia étnica, sobre todo situados en las fronteras «donde se disputan esos grupos armados por las rentas del narcotráfico, la minería y los procesos de desarrollo que se establecen allí», según el comisionado.

Se trata de zonas como la costa Pacífica, con fuerte presencia afro; el Amazonas y el Putumayo, en el sur, y La Guajira y el corredor de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la punta norte, con comunidades indígenas.

Y en ese sentido, también cuenta cómo fue el daño al territorio, que también es un componente muy importante para estos pueblos, donde la naturaleza y los sitios sagrados son parte de sus formas de vida y tradiciones.

La Comisión de la Verdad, órgano creado por el acuerdo de paz con caracter extrajudicial para el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto colombiano entre 1958 y 2016, comenzó la entrega de su informe final, fruto de más de 3 años de trabajo en todo el territorio, el 28 de julio.

En él se da cuenta de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia perpetrados por todos los actores armados -legales e ilegales- y la afectación, sobre todo, a ciertos segmentos de población como mujeres, personas LGTBI, exiliados o, en este caso, pueblos étnicos.