La comunidad LGTB+ de Singapur aplaudió el lunes el proyecto del gobierno para descriminalizar las relaciones sexuales entre hombres, pero advirtió que mantener la definición tradicional del matrimonio reforzaba las desigualdades.

El primer ministro Lee Hsien Loong anunció el domingo que su gobierno derogará una ley colonial que criminaliza las relaciones sexuales entre hombres. 

El artículo 377A del código penal de Singapur, una herencia de la época colonial británica, penaliza las relaciones sexuales entre hombres con hasta dos años de cárcel. Sin embargo, desde hace más de una década, nadie ha sido detenido o perseguido por ello, según activistas.

Los militantes por los derechos de los homosexuales han defendido desde hace tiempo que la ley choca con la cultura de la ciudad-Estado, cada vez más moderna, y en el pasado presentaron dos recursos ante la justicia para tumbarla, sin éxito.

«Estoy feliz y me siento aliviado por la comunidad LGTB de Singapur«, declaró Roy Tan, una de las personas que llevó la ley ante la justicia en vano. Esta derogación es el resultado de una lucha «laboriosa», añadió.

El anuncio del primer ministro incluyó no obstante una traba para allanar el camino hacia la igualdad frente al matrimonio.

El gobierno enmendará la Constitución para proteger la actual definición de matrimonio –entre un hombre y una mujer– de ser cuestionada constitucionalmente en los tribunales. 

«La mayoría de los singapurenses no quieren que la derogación [de la ley] conlleve un cambio drástico en nuestras normas sociales», dijo Lee.

El dirigente declaró que las políticas nacionales, sobre todo el acceso a la vivienda social o en materia de adopción, seguirían basándose en la definición tradicional del matrimonio.

«Pedimos al gobierno no tener en cuenta los recientes llamados de los conservadores religiosos para inscribir la definición de matrimonio en la Constitución», declararon el domingo por la noche una veintena de organizaciones LGTB+ en un comunicado.

«Una decisión así contravendrá el carácter secular de nuestra Constitución, conllevará nuevas discriminaciones (…) y atará las manos de futuras legislaturas», añadieron.

Según el informe publicado en 2020 por la oenegé ILGA, la homosexualidad está prohibida en 69 países y puede acarrear la pena de muerte en 11 de ellos.