Un tribunal de Costa Rica condenó este martes a la Iglesia católica al pago de una indemnización por encubrir delitos sexuales que un sacerdote cometió contra una persona menor de edad, fallo que la entidad religiosa apelará al considerar que el caso está prescrito.
El Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil de San José condenó a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y al arzobispo de San José, José Rafael Quirós, al pago de 65 millones de colones (unos 100,000 dólares) en favor de Carlos Alberto Muñoz, quien denunció que cuando era menor de edad fue víctima de abusos sexuales por parte del sacerdote Mauricio Víquez.
La resolución del tribunal indica que la condena a la iglesia se debe a la relación de dependencia del entonces sacerdote Víquez con la entidad y por el encubrimiento del caso.
La Arquidiócesis de San José indicó en un comunicado que «presentaremos formal recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema, de manera que hasta que la Sala no resuelva el recurso, la sentencia no estará en firme».
«Reiteraremos la existencia de la prescripción y pediremos ante la Sala la correcta aplicación del derecho. Tal como hemos indicado desde el inicio del juicio confiamos plenamente en el sistema judicial y en los jueces y acataremos lo que se resuelva en sentencia final», apunta el comunicado.
El abogado de la víctima, Rodolfo Alvarado, dijo a los periodistas que se trata de una sentencia histórica en el país y que confirma que la Iglesia tiene responsabilidad en los hechos.
Este caso es el primero que los tribunales resuelven por la vía civil de un total de tres demandas presentadas por víctimas de abusos sexuales de Víquez, quien fue expulsado de la Iglesia católica en febrero de 2019, luego de que salieran a la luz las denuncias en su contra.
El pasado 30 de marzo el Tribunal Penal de la localidad de Desamparados, ubicada en el sector sur de San José, condenó al exsacerdote Víquez a 14 años de cárcel por un delito de violación y a otros 6 años por abuso sexual, ambos en perjuicio de un menor de edad que actualmente tiene 30 años.
Los hechos ocurrieron en 2003 cuando Víquez era sacerdote de la iglesia San Juan Bautista, en la localidad de Patarrá, en Desamparados.
Sobre Víquez pesaban denuncias de otros tres hombres, para un total de 61 presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, en octubre pasado el Tribunal Penal de Desamparados declaró prescritas esas denuncias.
Esa decisión fue apelada por los denunciantes.
Costa Rica cuenta desde mayo de 2021 con una Ley de Derecho al Tiempo, la cual amplió el plazo de prescripción de los delitos sexuales hasta 25 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad.
El exsacerdote salió de Costa Rica en enero de 2019 tras haber sido denunciado penalmente en octubre de 2018 por violación contra un menor de edad.
En agosto de 2019 Víquez fue detenido en Nuevo León, México, y extraditado a Costa Rica en mayo de 2021.
En Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, de mayoría católica y donde esta religión está estipulada como oficial en la Constitución Política de 1949, la crisis que generó el caso de Víquez obligó a la Iglesia a pedir perdón en dos ocasiones por los delitos sexuales cometidos por sacerdotes.