El 25 de febrero de 2003, fue asesinado el profesor Rufino de Jesús Maestre. Por este hecho fue condenado a más de 30 años alias Carlos Alegría, exjefe de las AUC.
Archivo (Andrés Forero Rueda/Unesco).
19 años después del asesinato contra Rufino de Jesús Maestre, un juez de Bogotá condenó a 30 años a Jairo Alegría Martínez, alias Carlos Alegría, exjefe paramilitar que había ordenado este crimen. El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2003, cuando el docente indígena de la comunidad kankuamo estaba esperando el bus para llegar a la escuela El nuevo amanecer de Valledupar. En ese momento, dos hombres lo abordaron y le dispararon en reiteradas ocasiones, hasta acabar con su vida.
Con la condena, la jueza especializada de Bogotá también determinó que esa comunidad indígena debía tener justicia restaurativa, motivo por el cual instó a la Fiscalía a que creara un espacio simbólico de perdón debido a la violencia histórica que ha sufrido esta población, especialmente durante el conflicto armado. Además, el despacho enfatizó en que, por cuenta de la guerra interna, los kankuamos han sufrido graves afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos.
“El pueblo Kankuamo enfrenta en la actualidad, además de los problemas de violencia contra sus líderes y los miembros de su pueblo, la insuficiencia territorial, la cual dificulta la reproducción material e inmaterial de su cultura, y la puesta en marcha de acciones que, en concordancia con su Plan de Vida afiancen la autonomía y aseguren la gobernanza”, señala el fallo recogido por El Espectador.
El fallo de más de 90 páginas también deduce que el conflicto armado ha sido una causa directa de la falta de proceso de este pueblo indígena, pues no solo han sido víctimas de estigmatizaciones, sino que, también, de desplazamientos forzados y asesinatos que les costó un desarraigo territorial. Además, fueron recogidos testimonios de líderes indígenas quienes narraron las dinámicas del conflicto que sufrieron.
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Teniendo en cuenta las afectaciones sufridas, incluyendo el asesinato contra el profesor Maestre, el pueblo kankuamo quiere efectuar su plan de vida tomando medidas restaurativas como la planteada en el fallo condenatorio contra Carlos Alegría. Dichas iniciativas no solo buscan la supervivencia física, sino también de sus tradiciones y el desarrollo de proyectos en los que estén involucrados sus territorios. Al respecto, líderes como Gilberto Ariza le hicieron saber al despacho que la intención de los grupos armados era exterminar a su comunidad, y una prueba de ello fueron las incursiones paramilitares y guerrilleras perpetradas en sus tierras.
“Hoy todo ese tipo de cosas ha generado una vaina en nuestros hijos que se llama orfandad territorial. Y, en esa orfandad territorial, hoy, nuestros hijos que nacieron en una ciudad como Bogotá o llámese como se llame, no tienen esa relación con el territorio que va ligado a lo que tiene que ver con la placenta y el ombligo”, manifestó el líder indígena sobre las dificultades para mantener ese arraigo territorial en las nuevas generaciones.
Asimismo, insistió en que deben existir medidas de reparación sobre los daños causados, especialmente, durante el conflicto armado. Con dicho testimonio, el despacho entendió que las AUC cometieron actos de “brutalidad, sevicia e indiferencia” contra la comunidad kankuama. Por ello, la Fiscalía ahora debe preparar un escenario en el cual exintegrantes del Bloque Norte de las Autodefensas reconozcan ante integrantes de esta comunidad los daños causados. De igual manera, deben comprometerse a no cometer más hechos violentos contra estas personas y deben mostrar sincero arrepentimiento para que se sienta un nivel idóneo de reparación sobre crímenes como el de Rufino Maestre.
“(…) Esta judicatura incorpora una exhortación de asunción de responsabilidad, reconocimiento y perdón por parte de los victimarios, bajo la firme creencia que el proceso penal no cesa con el proferimiento de condena en su contra, sino que, continua hasta tanto se cumpla con la sanción punitiva impuesta por el Estado en fase de ejecución de la pena, como un eslabón más de reestructuración del tejido social y los reconocimientos de responsabilidad”, determinó también el despacho en su providencia.
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