La Policía Nacional dio por terminado el incidente ocurrido el pasado domingo en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), durante el cual donde se lanzaron bombas lacrimógenos, de las cuales, según la institución del orden, no fueron responsables.
A pesar de que se esperaba un informe sobre la situación, la uniformada solo ofreció una rueda de prensa el día del incidente, donde el vocero de la institución, Diego Pesqueira, negó que los agentes del orden atacaran con los gases a la Casa Nacional de la organización opositora.
En dicho encuentro con la prensa, Pesqueria manifestó que los oficiales de la Policía Nacional dispersaron al grupo de manifestantes luego del aplazamiento de la audiencia contra los 20 imputados en la Operación Calamar, donde los políticos “intentaron violentar el perímetro de seguridad”.
El perímetro de seguridad fue colocado por la institución on la intención de evitar disturbios como los del lunes pasado en el Palacio de la Justicia de Ciudad Nueva cuando le iban a conocer medida de coerción a los apresados por primera vez.
Diego Pesqueira admitió que, por la cercanía de la Casa Nacional del PLD, el Palacio de Justicia y la zona donde se encontraban los perímetros de seguridad, el humo ocasionado por los gases lacrimógenos afectó no solo la sede peledeísta, sino también a personas que estaban en las inmediaciones del lugar.
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La humerada por los gases se extendió a más de 200 metros en todo el entorno, según indicó Pesqueira.
Además, durante el hecho, el vehículo de una regidora resultó afectado al caerle una de las bombas lacrimógenas. Se incendió “de forma involuntaria” y minutos después agentes del orden procedieron a sofocar el fuego.
En la Operación Calamar fueron detenidos varios exfuncionarios del gobierno pasado, entre ellos los exministros Gonzalo Castillo, de Obras Públicas; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; y Donald Guerrero, de Hacienda.
En total los detenidos son 20, entre los que hay a quienes el Ministerio Público señala como autores de los delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco.