Los defensores públicos dicen estar agobiados de trabajo, muchas veces hasta con 500 y 700 expedientes al mismo tiempo y sin ningún tipo de incentivos a pesar de que arriesgan sus vidas con algunos casos de los ciudadanos a los que deben representar en los tribunales.
Al leer un documentos a la prensa frente al Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, se quejaron de que el defensor del primero de los tres niveles jerárquicos que posee la Oficina Nacional de Defensoría Pública, devenga menos de 70 mil pesos, sin dietas, combustibles ni otros beneficios.
Sobre el combustible, Vicmary Garcia y Robert Encarnación, quienes respondieron preguntas de los periodistas, afirmaron que este incentivo les fue retirado hace dos años.
Encarnación y García mencionaron también que hace varios años que tampoco han tenido la oprtunidad de promoción porque no se hacen concursos a pesar de que deben convocarse cada dos años.
Aseguran que son las voces de los que no pueden pagar los honorarios de un abogado, ofreciendo «la mejor asistencia jurídica en materia penal, tanto en el ámbito público como privado».
García y Encarnación sostienen que la Oficina Nacional de la Defensoría lleva el 80 por ciento de los casos penales, labor que hacen con un «alto estándar de calidad y vocación de servicio», por lo que demandaron un mayor presupuesto para esa institución, creada por mandato constitucional.
Afirman que por la precariedad y el poco incentivo que reciben, se producen renuncias frecuentemente, lo que suma mas carga laboral a los que permanecen en la Oficina Nacional de Defensoría Pública.
«No es posible que los defensores públicos devenguen un salario inferior y tan alejado al de sus pares (fiscales y jueces) quienes actualmente perciben justamente el doble y el triple, en algunos casos que los defensores públicos y coordinadores en las distintas categorías», se quejaron.
Vicmary García y Robert Encarnación afirman que en todo el país hay 120 defensores publicos.