La Corte de Apelación del distrito judicial de la provincia Duarte dispuso el pago de una garantía económica de RD$500 mil a empleada del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en San Francisco de Macorís, tras variarle la prisión preventiva que le fue impuesta como medida de coerción por la muerte de un niño de un año y 10 meses de nacido que estaba bajo su cuidado.
La decisión fue adoptada a favor de Rosmery Cross Olivo, la única de las imputadas que permanece en prisión por el fallecimiento de Maikel Esmil Castro Álvarez, a causa de asfixia mecánica por ahogamiento, luego que se cayó dentro de un cubo de agua mientras se encontraba jugando con un juguete.
El hecho ocurrió el 2 de septiembre del 2022 en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís.
Según la acusación del Ministerio Público, el hecho se produjo por la torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos del personal responsable de los niños.
Las implicadas en el caso enfrentan cargos de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores de edad, tipificado y sancionado en los artículos 319 y 351, párrafo 2, del Código Penal.
Por la muerte del menor de edad también está imputada Katerin Castaño Bautista, a quien hace varios meses la Corte también le cambió la medida de coerción consistente en prisión por garantía económica.