El expresidente brasileño Jair Bolsonaro cuestionó este lunes la legitimidad de la acusación que puede despojarle de sus derechos políticos por un plazo de ocho años, en un juicio que se retoma mañana.
Bolsonaro, que es acusado de cometer «abusos de poder» durante la campaña para las elecciones de 2022 por sus actos para minar la confianza en el sistema electoral, afirmó que su intención era justo la contraria, «proteger la democracia».
«¿Es justo retirar los derechos políticos de alguien por reunirse con embajadores? No es justo decir que se atacó a la democracia», dijo Bolsonaro en declaraciones a periodistas durante un acto en la Asamblea regional de Sao Paulo.
El líder de la ultraderecha hizo estas declaraciones en la víspera de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) retome el juicio en el que se le acusa de «abusos de poder» durante la campaña electoral, en las que lo derrotó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El eje de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia el 18 de julio de 2022, para descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia, y que ordenó que fuera transmitida por la televisión pública.
La primera audiencia del juicio se celebró el pasado jueves y en ella el Ministerio Público acusó a Bolsonaro de exponer «alegaciones inverídicas» ante los embajadores, con el propósito de minar la confianza en las elecciones y «perturbar la normalidad institucional del sistema democrático».
El TSE ha programado un total de tres sesiones para el juicio, que se retomará este martes, con la lectura del voto del magistrado Benedito Gonçalves, instructor del caso, quien ya ha sugerido que se pronunciará por la culpabilidad de Bolsonaro.
Después de Gonçalves, se pronunciarán los otros seis integrantes de la corte y será dictada la sentencia.
En medios jurídicos, sin embargo, se baraja la posibilidad de que algún magistrado solicite más tiempo para analizar el caso, lo cual podría prorrogar la decisión por un plazo máximo de 60 días.