Padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y estudiantes de la escuela rural, ubicada en el sureño estado de Guerrero, se instalaron este jueves en un campamento frente al Campo Militar 1, ubicado en la Ciudad de México, capital del país.
Se prevé que el plantón dure hasta el lunes, cuando tendrán una reunión en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), o hasta el martes, día en que se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes.
Los estudiantes y familiares colocaron una carpa donde estarán acampados los próximos días frente a este lugar que representa el reclamo al Ejército mexicano de que sea entregada la información faltante para poder dar con el paradero de sus compañeros.
«Nos encontramos en el batallón Campo Militar 1, donde se encuentra la información de todos los batallones del país», indicó Mario González, padre de César Manuel González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
«No son más que unos criminales, unos cobardes con armas», dijo el padre, refiriéndose no solo a lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014, sino también a toda la protección de las instalaciones del Ejército donde se instalaron, que incluye alambres de púas, barricadas y cientos de soldados.
Con la llegada de estudiantes y familiares de los jóvenes desaparecidos iniciaron las actividades relativas al noveno aniversario del caso, uno de los más emblemáticos de la historia reciente de México y el gran pendiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió resolverlo antes de término de su mandato (octubre de 2024) y con quien se reunieron los padres el miércoles.
Al salir de la reunión, los padres explicaron que reclamaron allí que el Ejército entregue la documentación faltante sobre el caso y que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes.
Se mostraron desilusionados por la negativa del presidente, quien aseguró que toda la información fue ya entregada, ya que recordaron que la existencia de estos documentos faltantes en lo entregado por el Ejército fue acreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI recientemente se retiró del país por no poder avanzar en las investigaciones por el obstáculo que implica la falta de colaboración total de las Fuerzas Armadas en la investigación.
El plantón se da en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla con su promesa de aclarar el caso durante su mandato, algo que necesariamente pasa por la liberación de toda la información relativa a la participación del Ejército en el caso, aseguraron los padres.
La Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó el año pasado que el hecho fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada «verdad histórica», que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.