Un juez dictó el viernes una nueva orden de prisión preventiva para el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, esta vez por supuesto mal manejo de fondos públicos en la contratación de obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016.
Glas fue sentenciado anteriormente por dos casos de corrupción —uno, por el caso Odebrecht y otro por sobornos— por los que cumplía una pena unificada de ocho años de prisión y contaba con libertad provisional, la cual fue revocada hace pocos días.
El ex segundo mandatario permanece desde el 17 de diciembre en la embajada de México en Quito, a la espera de que ese gobierno responda a un pedido de asilo que planteó por considerarse “un perseguido político”.
El juez Luis Rivera aceptó el viernes el pedido de la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos que busca garantizar que Glas y otros dos exfuncionarios involucrados comparezcan al proceso, dijo.
Salazar negó que Glas sea un perseguido político durante la audiencia y lo acusó de querer “eludir la justicia”.
Ante la permanencia del exvicepresidente en la sede diplomática mexicana y la residencia de Bernal en Miami, Estados Unidos, el juez Rivera dispuso su localización a Interpol. Para el tercer involucrado, Ortiz, dictó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad.
Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz conformaban el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las provincias de Manabí y Esmeraldas, asoladas por un terremoto de 7,8 grados de magnitud que dejó casi 700 muertos.
Dicho comité manejó los recursos de una ley especial de solidaridad dictada para obtener fondos a través de impuestos y contribuciones y financiar la emergencia.
Según expuso la fiscal, se determinó que hubo un “abuso de fondos estatales”, unos 360 millones de dólares, para favorecer a terceros configurándose el delito de peculado. Además, se priorizaron obras que habían sido planificadas antes del terremoto y que no se enmarcaban en el eje de regeneración, dijo.
El 28 de diciembre, otra jueza que revocó la libertad provisional de Glas, también pidió su localización y retorno a prisión para cumplir el resto de su sentencia por algo más de dos años.
El exvicepresidente ejerció el cargo entre 2013 y 2017 durante los mandatos de Rafael Correa y Lenin Moreno.