MADRID. (Reuters). La extenista española Arantxa Sánchez Vicario ha sido condenada a una pena de dos años de prisión por fraude, según informó el miércoles un tribunal de Barcelona.

Sánchez Vicario, de 52 años, su exmarido Josep Santacana y otras tres personas fueron condenados por el tribunal penal por ocultar activos para evitar el pago de una deuda de 7,6 millones de euros (8,27 millones de dólares) a Banque de Luxembourg, incluidos los intereses.

Sánchez Vicario no cumplirá pena de cárcel siempre que no cometa ningún otro delito en el plazo de dos años.

Ambos, que se divorciaron en 2019, habían negado las acusaciones. Santacana fue condenado a tres años y tres meses de cárcel, dijo el tribunal en su comunicado.

Sánchez Vicario había culpado a Santacana, argumentando que él había manejaba su dinero y que ella no estaba al tanto de ninguna manipulación ilegal de sus bienes familiares.

Se les condenó a indemnizar con 6,6 millones de euros a Banque de Luxembourg y a pagar multas no especificadas.

Sánchez había declarado al tribunal en septiembre que ya había pagado unos 1,9 millones de euros al banco y se había comprometido a utilizar la mitad de sus ingresos para el resto de lo que debe.

El tribunal consideró que, aunque no tenía conocimientos financieros para realizar las operaciones, tenía conocimiento de lo que se hacía con su patrimonio y se beneficiaba de ello, con plena conciencia de la deuda que tenía con Banque de Luxembourg.

Sánchez Vicario fue la primera jugadora española en llegar a lo más alto de la clasificación del tenis femenino. Ganó en categoría individual el Abierto de Francia en tres ocasiones y el Abierto de Estados Unidos antes de retirarse en 2002.

El caso se deriva de su condena en 2009 por el Tribunal Supremo a pagar una multa de 5,2 millones de euros por fraude fiscal durante el periodo 1989-2003, cuando residía en España y no en Andorra, como había declarado.

Después de que la pareja transfiriera sus activos del Banque de Luxembourg, el Estado español acabó cobrando el dinero al banco a través de un acuerdo de aval.

El banco acusó a la pareja de no haber pagado nunca su deuda y de haber ocultado sus bienes. En una demanda civil en 2014, un tribunal español falló a favor del banco, pero el dinero nunca se pagó, y el banco recurrió a los tribunales penales.