El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado sobre la «escalada del conflicto» en Birmania y urgido a la protección de todos los civiles, a la vez que ha mostrado su alarma por el impacto de la nueva ley de servicio militar y el reclutamiento forzoso de jóvenes, entre ellos rohinyás.
«El secretario general continúa profundamente preocupado por el deterioro de la situación y la escalada del conflicto en Birmania, condena todas la formas de violencia y reitera su llamamiento a la protección de los civiles», subraya un comunicado divulgado la víspera por Farhan Haq, viceportavoz de Guterres.
El comunicado alude en especial a la «expansión del conflicto en Rakáin«, estado occidental del país en el que vive la minoría musulmana rohinyá -que Birmania, de mayoría budista, no reconoce como ciudadanos del país-, lo que «dispara los desplazamientos y exacerba las preexistentes vulnerabilidades y discriminación», reza el texto.
«El secretario general urge a todas las partes a prevenir una mayor incitación de las tensiones y está alarmado por las informaciones sobre bombardeos militares, incluido uno hoy en la localidad de Minbya (Rakáin) que habría matado y herido a muchos civiles», apunta.
Y añade la inquietud por «las publicaciones sobre detenciones forzosas y reclutamiento de jóvenes, incluidos rohinyás, y el potencial impacto de la ley de servicio militar en los derechos humanos y en las comunidades de Birmania«.
El régimen castrense, que detenta el poder en Birmania desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, activó el pasado febrero la ley de servicio militar, por la que a partir de abril todos los civiles -de entre 18 y 35 años en el caso de los hombres y de entre 18 y 27 años en el de las mujeres- pueden ser llamados a filas por un periodo de hasta dos años.
En el caso de los rohinyás, el reclutamiento habría empezado ya de manera forzosa por parte del mismo Ejército que en 2017 y bajo el liderazgo del actual jefe de la junta, Min Aung Hlaing, emprendió una campaña de acoso en su contra que provocó la huida a Bangladesh de unos 774,000, investigada por la ONU por constituir un posible genocidio.
El levantamiento militar sumió a Birmania en el caos y agudizó la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con la aparición de nuevas milicias y el surgimiento de ofensivas rebeldes que han debilitado al Ejército, especialmente a raíz de la Operación 1027 en octubre, lanzada en el estado norteño de Shan y extendida por gran parte del país.