El colectivo ambientalista ecuatoriano Yasunidos, que promovió el histórico plebiscito donde los ecuatorianos votaron a favor del cese de la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT, situado en el amazónico Parque Nacional Yasuní, acusó este miércoles al presidente, Daniel Noboa, de burlarse del pueblo al incumplir el fallo constitucional que marcaba el plazo de un año para cumplir con el mandato popular.
Yasunidos, además, exigió a la Corte Constitucional que convoque a una audiencia para resolver sobre el cumplimiento de un dictamen del mismo tribunal que ordenó suspender toda actividad petrolera en el Bloque 43-ITT, ubicado en el corazón del Yasuní, una de las reservas de la biosfera más importantes del planeta y hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Asimismo, recordó la victoria de la consulta popular del 20 de agosto de 2023, cuando un 58 % de los votantes decidieron que el Gobierno mantuviera el crudo del Yasuní bajo tierra y dieran un año de plazo para que se eliminara toda actividad extractiva en dicha reserva.
«Noboa se burla del mandato popular del Yasuní», señaló el grupo ecologista en un comunicado en el que aseguró que, pese a que el Gobierno ha aparentado trabajar para cumplir con el mandato constitucional y popular, en verdad «no ha hecho más que ruido sin ningún avance real».
Este miércoles el ministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, visitó el Bloque 43-ITT para supervisar el cierre del primero de los 247 pozos que se encontraban actualmente activos en esta zona y señaló que el plazo prudencial contemplado por el Gobierno para desmantelar la infraestructura petrolera en condiciones seguras es de cinco años y cinco meses.
Yasunidos criticó un informe presentado por el Gobierno el pasado 20 de agosto, cuando se cumplió un año de la consulta popular, en el que planteó como único avance el que ya no se habían celebrado nuevos contratos petroleros para esa región.
El informe del Gobierno presentado «un año después de la consulta, es técnicamente deficiente y está lleno de contradicciones, evidenciando la ineficacia de todas las carteras de Estado involucradas», agregó la ONG.
«No han hecho absolutamente nada» por cumplir las disposiciones emitidas por la Corte Constitucional, que validó la consulta popular de agosto de 2023, añadió el colectivo al asegurar que hay un «incumplimiento flagrante» sobre el pronunciamiento del pueblo, ya que continúa la explotación petrolera «hasta el día de hoy».
«La falta de avance en el cierre progresivo y ordenado» de las unidades petroleras en el Yasuní «demuestra que la intención (del Gobierno) nunca fue cumplir con la voluntad del pueblo ecuatoriano», insistió Yasunidos en su escrito.
Asimismo, tildó como otra «burla» del Gobierno el informe que advierte del cierre de un solo pozo del Bloque 43-ITT, que abarca los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini.
Por ello, Yasunidos insistió en su exigencia a la Corte Constitucional para que convoque a una «audiencia de manera inmediata» y resolver este caso «de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley, respetando el mandato popular«.
El plebiscito celebrado el año pasado en Ecuador sentó un precedente mundial de consulta democrática en asuntos energéticos que llevó a Yasunidos a reunir 757.000 firmas y a librar una batalla legal de diez años con las instituciones del Estado para que aceptasen la celebración de la votación.