La justicia dominicana ordenó, a través de una sentencia en el año 2021, que el Gobierno debía pagar la suma de 85 millones de pesos a Eladia Ozuna Reyes, de 92 años e invidente, luego de que, siendo ella muy joven fue desalojada junto a sus padres de los terrenos de su propiedad en que hoy funciona el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez.
Pasados más de tres años de esta decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la anciana, que reside en el distrito municipal La Caleta del municipio Boca Chica en la provincia de Santo Domingo, sigue viviendo en la indigencia, sufre de diabetes e hipertensión y está postrada en una silla de ruedas porque solo tiene un pie.
La mujer dice a Diario Libre que aún sigue esperando que el presidente Luis Abinader, vía el Ministerio de Hacienda, desembolse el dinero que le corresponde y que ella y su familia lo necesitan. Mientras el tiempo corre, el citado ministerio ha dicho que ese pago se hará para el año 2026.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, respondió afirmativamente a finales de este año 2024, a través de una carta dirigida al abogado, Ángel Lockward, que todo estaba correcto, pero que ya sería para el 2026 cuando se ejecutaría el pago.
La mujer, cada día renueva sus esperanzas de que recibirá la remuneración de los terrenos, mismos fueron declarados de utilidad pública y expropiados en 1955. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó que el metro cuadrado fuese pagado a RD$7,625.
«No pude ni siquiera tener una cena de Navidad. A mí no me ha llegado ni un bono de 1,500 pesos de los que da el Estado», dice la dama, quien siempre está atenta a las noticias sobre la situación del país.
Uno de los problemas para abordar la justicia era que carecía de papeles, según cuenta la mujer. Narra que ningún abogado quería tomar su caso; «decían que era perder tiempo y dinero, pues el Gobierno es un «delincuente» con poder que invade tu tierra, te saca a patadas de ella y no te paga nunca».
Se queja de que el Estado explota estas tierras, la arrendó, pero no le paga. Por el más reciente arriendo el Estado cobró hace poco 780 millones de dólares, unos 47 mil millones de pesos.
«El Gobierno nunca me respondió ninguna de las cartas que le envié para que me pagarán. Temo morir y que la sentencia con que se me hizo justicia quede desacatada y mi propiedad violada», concluye.