La práctica profesional de varios abogados que han llevado sus casos al Tribunal Constitucional (TC) les ha enseñado que obtener una sentencia favorable de esa alta corte no es garantía de cumplimiento cuando se trata de ministerios, ayuntamientos y otras entidades públicas.
Muchos funcionarios obligados prefieren ignorarlas y, algunas veces, esperar a que las instituciones que dirigen tengan que pagar decenas de millones de pesos a los recurrentes como astreinte por el incumplimiento, cosa que suele ocurrir cuando ya no ocupan el puesto.
Los abogados y Alejandro Alberto Paulino Vallejo son testigos de esta situación, pues tiene más de una década peleando para que varias dependencias estatales respeten los fallos del TC y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en decenas de sus casos.
Vásquez Then tiene 16 años esperando a que la Policía Nacional (PN) le entregue los documentos que justificaron su expulsión en el 2009, como fue ordenado por el TC en 2014. Era capitán y luego se licenció en Derecho.
Uno de sus procesos más traumáticos es el que lleva la sociedad Guzmán & y Then Comercial, de la cual es parte, contra el Ayuntamiento del municipio de Cotuí para el pago de una deuda de 18 millones de pesos por servicio de recolección de basura.
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Ha conseguido sentencias que condenan a ese cabildo a saldar y otras que lo obligan a pagar astreinte por cada día de incumplimiento en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, en la SCJ y en el TC.
Como resultado, el Ayuntamiento de Cotuí le debe a la compañía, contando hasta el 14 de marzo de 2025, unos 18 millones de pesos por la deuda original, 10.2 millones por daños y perjuicios, 12.9 millones por el astreinte fijado en primera instancia y 1.2 millones por el que fijó la corte constitucional.
Lo anterior suma una obligación de 42.5 millones que crece cada día, de la que no han obtenido un centavo.
Todos los esos fallos que le dan ganancia de causa se han convertido en letra muerta que llega al Palacio Municipal de Cotuí sin ningún efecto. Las demandas, contrademandas y apelaciones lo mantienen circulando entre los mismos tribunales una y otra vez.
Pagan y no cumplen
El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la PN han visto recortado su presupuesto anual por el pago de astreintes, pero persisten en el desacato de sendas sentencias del TC.
El CODIA tuvo que desembolsar 280 mil pesos en enero del 2021 por negarse a entregar información sobre los presupuestos ejecutados durante los últimos años al exsecretario general de esa organización, Livio Mercedes Castillo.
Su abogado, Alejandro Alberto Paulino Vallejo, indicó que el juez Alejandro Vargas ha reunido a las partes para verificar la entrega de los documentos, pero todavía no los reciben completos.
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó congelar 5,550,000 pesos en la cuenta bancaria del Ministerio de Interior y Policía que luego fueron entregados a Pablo Pérez para la liquidación de un astreinte por desacato de sentencia de la Policía Nacional, en el año 2018.
La PN no ha accedido a entregar a Pérez los documentos explicativos de su desvinculación, por lo que se siguen acumulando 10 mil pesos diarios que, hasta el viernes pasado, sumaban cerca de 55.3 millones de pesos.
Otras instituciones que se encuentran en desacato son el Ministerio de Interior y Policía, negada a devolver un arma de fuego que portaba legalmente el ciudadano Luis Manuel Calderón Castillo en el 2013, y el Ministerio de Salud Pública, que debía entregar una información solicitada en 2015.
Además, el Ministerio de Educación (Minerd) está en violación de la resolución del TC que le mandó a reintegrar a Henry Antonio Núñez Díaz en su cargo de responsable de Acceso a la Información Pública.
La lista de instituciones que han tardado años en llevar a cabo las disposiciones de la corte constitucional supera la centena, siendo la más recurrente la PN y el Ministerio de Defensa (Mide). El TC compartió con Diario Libre una relación de 93 de estos casos.