El gobierno ultraconservador italiano restringió el viernes las condiciones de naturalización por derecho de sangre al limitarla a dos generaciones, una medida que afecta a los descendientes de emigrantes en América Latina, particularmente a miles en Argentina.
Se requiere a partir de ahora tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la nacionalidad, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo, según la reforma de la «Ius sanguinis» adoptada en el consejo de ministros.
Las condiciones deberán ser aun más duras, pues después «se impondrá a los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero» y naturalizados italianos «mantener lazos reales con nuestro país, ejerciendo los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años», dice el texto.
Esos derechos y deberes no fueron precisados
«El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana», aseguró el jefe de la diplomacia Antonio Tajani, luego del consejo de ministros.
«Pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la +comercialización+ de los pasaportes italianos. La nacionalidad debe ser una cosa seria», agregó.
El ministerio cita como ejemplo Argentina, que tiene la comunidad de inmigrantes italianos más importante fuera de Italia, donde 20.000 descendientes obtuvieron la nacionalidad en 2023 en virtud del derecho de sangre y 30.000 en 2024.
Uno de ellos fue precisamente el presidente argentino, Javier Milei, que obtuvo la ciudadanía en diciembre durante un viaje a Roma mediante un procedimiento acelerado.
Aunque el economista ultraliberal cumplía los requisitos por sus ancestros calabreses, la medida desató indignación en la oposición que reclama a Meloni flexibilizar las leyes de ciudadanía para los migrantes.
El ministerio italiano también resaltó el caso de Brasil, donde 14,000 personas obtuvieron el pasaporte de Italia en 2022 y 20.000 en 2024.
Según un cálculo de la cancillería, con la ley que estaba en vigor hasta ahora, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.