Un veterano entrenador que a menudo forma a prospectos que firman por millones de dólares ha recibido en el último semestre dos golpes al bolsillo y de reputación, el principal activo en un negocio donde se vende proyección y no productos terminados: La devolución de un preacuerdo a semanas de rubricarse y de otro que ya había estampado su fichaje, pero que no superó la investigación de identidad.
La información obtenida por Diario Libre da cuenta de que el jugador que firmó era dos años mayor, se trataba de un bono de pequeño, una muestra de que los investigadores van más allá de aquellos grandes fichajes.
Además de los “apalabreos” con hasta cinco años de anticipación, harto demostrado que afecta el precio del “amarao” y del resto de jugadores de esa clase, un desafío mayúsculo que enfrenta la industria de desarrollo es el de la alteración de identidad.
Es uno en el que puede haber complicidad entre la persona que lleva al talento al programa y quien lo recibe, pero donde el programero (como se llama al gestor de la academia) es quien se corre el mayor riesgo. No solo económico, sino de reputación.
Si en el pasado eran los clubes de las Grandes Ligas los que comprometían sus inversiones en jugadores que en realidad tenían mayor edad a la que decía su pasaporte, hoy, la robustez del sistema de investigación de la Major League Baseball (MLB) ha trasladado ese problema a los entrenadores.
Los técnicos que tienen la estructura y el dinero para desarrollar a un niño hasta llevarlo al nivel de poder ser reclutado por un club tienen que pagar por ese talento cuando tiene entre 10 y 12 años, a un familiar y al entrenador de su liga. Luego alimentarlo, formarlo con técnicos especializados, suministrarle utilería, costearle innumerables viajes en el país y en el exterior, en esa labor de mercadeo que termina convenciendo a un club del valor de ese talento. Muchos también le pagan los estudios.
Cuando los investigadores de la MLB descubren que esa no era la edad del jugador, como a menudo reportamos en Diario Libre, se derrumba todo. Ese programero, cuya operación de su academia suele superar los 150 mil dólares al año, pierde todo ese trabajo y dinero invertido, puesto que el jugador es suspendido y si es que puede firmar será por una cifra muy lejos de lo originalmente negociado.
¿Quién protege a ese entrenador, si no tiene complicidad, ante esa estafa en la que interviene la familia del jugador y hasta él, en caso de ser mayor de edad, como César Altagracia? Abundan los casos de emprendimientos que quebraron por un engaño de este tipo. Es un negocio delicado, sin acceso al crédito formal, pero el tiempo pasa y las leyes que reposan en el Congreso diseñada para proteger a todos los actores no terminan de ser aprobadas.