La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó este viernes otra reforma parcial a la Constitución Política que establece que los nicaragüenses de nacimiento «perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad«.
La enmienda constitucional, propuesta con carácter urgente por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada de forma expedita y a mano alzada por los 91 diputados que integran el Parlamento durante una sesión especial celebrada en el municipio de Niquinohomo (suroeste) en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934).
La reforma constitucional establece, en su artículo 23, que «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria».
En el caso de «las y los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad«.
El otro artículo reformado es el 25, que ahora quedó así: «La nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad«.
En su exposición de motivos, Ortega y Murillo argumentaron: «la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad. Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo».
«Por ello, existen Estados soberanos que no permiten la doble nacionalidad. Nicaragua, en ejercicio de su soberanía, debe garantizar que su ciudadanía no sea instrumentalizada por intereses foráneos o contradictorios», agregaron.
Según Ortega y Murillo, «esa medida reafirma que ser nicaragüenses no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación», y «quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino, única, indivisible y revolucionaria».
El titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, dijo durante la sesión especial, transmitida por el canal parlamentario nicaragüense, que «el comandante Daniel y la compañera Rosario» les dieron la tarea de reformar dos artículos de la Constitución Política en lo relativo a la nacionalidad, la que tildó de «absolutamente democrático».
Segunda legislatura
Para que esa reforma entre en vigor, tiene que ser aprobada en segunda legislatura, es decir el próximo año.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total a Ortega y Murillo, quienes ahora tienen el cargo de copresidentes, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.
Esa enmienda amplía de cinco a seis años el periodo presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crea las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores, a petición de Ortega, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.