Luego de más de 12 horas de litigación, Fátima Veloz, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la madrugada de este jueves medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el derrumbe de la discoteca Jet Set, donde fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridos.
La jueza Veloz impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida para ambos.
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Defensa
Miguel Valerio, abogado de los Espaillat, valoró como válida la medida, al considerar que sus clientes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y brindaron asistencia a parte de los afectados.
«Aquí hay una realidad, una realidad objetiva, nadie en la calle que cometa cualquier situación, en una medida de coerción tiene que ser declarado culpable o inocente, ese es el gran aprendizaje. El gran aprendizaje es lo que dijo la jueza, las medidas de instrucción tienen un carácter instrumental para que se presenten al proceso, y el señor Espaillat se ha presentado a todas», manifestó Valerio.
Dijo que estudian el peritaje presentado por el Ministerio Público y que fijarán posición.
En la audiencia había casi 80 afectados en calidad de querellantes. Otros 40 acordaron con los propietarios de Jet Set para no demandar en la parte civil.
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Ministerio Público apelará
De inmediato, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, informó que apelará la decisión, porque, según consideró, la jueza no valoró el daño a la sociedad, «sobre todo, a 235 personas que murieron».
El Ministerio Público solicitó imposición de prisión preventiva como medida de coerción para Antonio Espaillat y domiciliaria para su hermana.
Camacho resaltó que todos las partes valoraron la investigación del Ministerio Público y recordó la necesidad de la aprobación de un nuevo Código Penal para enfrentar estos tipos de problemas que afectan a la sociedad.
Los abogados de los afectados, de su lado, pedían que se cambie la acusación como homicidio voluntario y que se imponga prisión preventiva.
Comunicado de la familia
Previo a la decisión del tribunal, la familia Espaillat emitió un comunicado en el que afirma haber brindado asistencia directa a más de 40 personas afectadas, sin condiciones ni publicidad. “Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque es lo correcto”, dijo.
La familia enfatizó que su decisión de hablar no responde al interés de justificarse públicamente, sino de compartir su versión con el país y pedir justicia sin prejuicio. “Reiteramos nuestro respeto y apoyo incondicional a las familias que sufren”.