La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, sugirió este lunes que los funcionarios identificados por la Cámara de Cuentas que no han declarado su patrimonio sean llevados a la Procuraduría General de la República para que se tomen las medidas correspondientes.
Tras participar este lunes en una reunión con las entidades que integran el sistema de control para evaluar la integridad del país, la funcionaria explicó que el régimen de consecuencias comienza cuando la Procuraduría recibe los casos y procede a declarar la omisión.
A partir de esa declaración, los funcionarios quedan inhabilitados para ocupar cargos públicos durante un período de cinco años. Esa es la primera sanción establecida por la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, aunque no es la única medida posible, según la normativa.
A pesar de que esta ley funciona desde el año 2014, Ortiz Bosch reconoció que nunca se ha ejecutado plenamente y agregó que la responsabilidad de aplicar la ley no recae en el Poder Ejecutivo, sino exclusivamente en la Cámara de Cuentas.
En los casos en que el Poder Ejecutivo ha intervenido, lo ha hecho solamente con suspensiones temporales, según detalló la funcionaria.
“Esas suspensiones han sido utilizadas como una vía de presión para forzar a los funcionarios a cumplir con la entrega de su declaración, pero no constituyen una sanción definitiva”, sostuvo.
La directora de Ética explicó que se ha buscado generar conciencia a través de estas medidas, junto con una labor de sensibilización en la opinión pública y en los medios de comunicación, pero reiteró que el trabajo integral recae sobre la Cámara de Cuentas.
La nueva Cámara de Cuentas
En sus declaraciones a la prensa, dijo que la llegada del nuevo pleno a la Cámara de Cuentas es vista “como una oportunidad para cambiar el rumbo de esta situación”.
Según dijo, la actual gestión del órgano auditor, que dirige Emma Polanco, ha mostrado una nueva visión y una mayor disposición para hacer cumplir la ley, lo que “genera expectativas positivas sobre el fortalecimiento del control”.
Funcionarios municipales
Uno de los elementos señalados por la funcionaria es que la mayor parte del incumplimiento se concentra en el ámbito municipal, específicamente con los alcaldes.
La funcionaria hizo énfasis en que todos los servidores públicos, sin excepción, están obligados a presentar su declaración jurada de bienes conforme a los plazos y procedimientos establecidos y aseguró que el sistema “ya no puede permitir omisiones” y que el proceso de seguimiento a los funcionarios depende de que la Cámara de Cuentas cumpla su papel.
Los que faltan
Según los propios datos de la Cámara de Cuentas, alrededor de 47 alcaldes y 34 diputados aún no han declarado su patrimonio.
Ante la falta, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, advirtió que ordenará la retención del salario de los diputados que aún no hayan declarado su patrimonio, como una medida para lograr más transparencia.
Aunque los diputados fueron juramentados el 16 de agosto del 2024 y tenían un mes para declarar su patrimonio, aún hay 34 que no cumplen con la disposición legal.