Bogotá.- El abogado Jaime Granados, que lidera el equipo de defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), aseguró este martes que el 11 de agosto apelará la sentencia que le sea impuesta por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con base en la condena que le dictó la víspera la Justicia.

La apelación debe presentarse ante el Tribunal Superior de Bogotá en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la lectura de la sentencia, prevista para el próximo 1 de agosto, y como el 7 de agosto es festivo en el país, el plazo termina el lunes 11.

“La apelación se hace contra la sentencia, no contra el sentido del fallo. Para eso dispone la defensa de cinco días hábiles, lo que significaría que para el lunes 11 de agosto habría que radicar esa apelación”, dijo Granados a Blu Radio.

El abogado defensor agregó que desde anoche, cuando concluyó la audiencia de más de diez horas en la que la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, leyó el fallo que convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, la defensa empezó a trabajar en los asuntos que les llamaron la atención de lo mencionado en el auto.

“Va a ser una muy fuerte, argumentada, contundente apelación”, dijo Granados, quien agregó que la defensa tiene “los argumentos jurídicos” para dar un “sano debate».

La jueza manifestó en la noche del lunes, en la lectura del fallo por el ‘juicio del siglo’, que para los dos delitos por los que fue condenado Uribe la ley prevé una condena de “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”, aunque consideró que el expresidente, de 73 años, “se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión».

Al respecto, Granados señaló- “Lo lógico para quien sigue siendo inocente es que siga en libertad. Y esa fue mi petición que acumulé anoche al cierre de la audiencia».

Además de los dos delitos por los cuales fue condenado, Uribe fue absuelto de un tercero, de soborno simple, todos como parte de un proceso que él mismo inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.

Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que recibió la demanda, decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

Uribe, que tras dejar la Presidencia fue elegido senador en 2014 y 2018 por su partido, el Centro Democrático, renunció a su escaño en 2020 para perder su condición de aforado y sacar su proceso de la Corte Suprema de Justicia, con la que tuvo enfrentamientos cuando estaba en el Gobierno, y de esta forma pasarlo a la justicia ordinaria que ayer lo condenó.

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