El pasado sábado, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó el proceso de interrogatorio y detención de ocho imputados en el caso judicial en el cual están involucrados algunos funcionarios por haber supuestamente sustraído fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

24 horas después de estos hechos, el presidente Luis Abinader emitió una declaración pública al respecto, anunciando que le ordenó a la dirección de Senasa constituirse en actor civil, con el objetivo de “recuperar hasta el último peso robado”.

Así lo expresó Abinader en una publicación realizada en su cuenta de la red social X, al asegurar que esta es una demostración de “su compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público de los dominicanos”. En sus palabras, identificó este hecho como “un acto de corrupción”. Hasta el momento, al grupo no se le ha conocido la solicitud de medida de coerción.

En agosto de este año, Santiago Hazim fue destituido por el primer mandatario de la dirección general del Senasa, semanas después de que diversos sectores, dentro de los cuales se encontraban organizaciones políticas opositoras, denunciaran con insistencia el alegado registro de un colapso financiero debido a prácticas irregulares.

En la actualidad, es identificado por el Ministerio Público, ya que supuestamente «instaló un esquema de corrupción sistemático», con la participación de otros funcionarios del Senasa y prestadores de servicios de salud, para distraer fondos y desarrollar maniobras fraudulentas. Razón por la cual se encuentra apresado de manera provisional en la Fiscalía del Distrito Nacional.

Casi un mes después de Hazim ser retirado del puesto, el gobernante informó que el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República estaban desarrollando una investigación en esta institución gubernamental, la cual, según dijo, “lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción”.

Ante esta situación, expresó que tiene la firme determinación de colaborar con la justicia para penalizar a quienes, a través de actos de corrupción, hayan defraudado al Estado.

“Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso que en este Gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad”, manifestó.

Ante las preguntas de los medios de comunicación requiriendo de la reacción sobre algunos hechos contenciosos anteriores, Abinader ha asegurado que no se involucraba en casos de la justicia, ni opinaba de esos temas. Eso dijo el pasado 16 de junio cuando le consultaron sobre el proceso legal en contra de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, en la cual murieron 236 personas.

¿Quiénes son los imputados?

«Por participar» en esta estructura que cometió supuestamente corrupción administrativa, están detrás de las celdas, junto a Hazim, las siguientes personas: Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Mientras tanto, todavía se desconoce cuáles eran los roles de estos individuos dentro de la supuesta agrupación criminal.

«Varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador», informó el MP.

¿Cuál es el monto usurpado?

Aunque la acusación contempla «miles de millones de pesos», el MP aún no ha especificado cuál es la cantidad de dinero que utilizó la alegada organización delictiva para beneficiarse, en detrimento de los beneficiarios del Senasa.

Sin embargo, un reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera identifica a Eduardo Read como el propietario de la empresa Khersum SRL, la cual supuestamente fue adjudicada en un proceso de licitación del Senasa y recibía, de manera adicional, 65 millones de pesos. El monto era supuestamente entregado, sin importar si los afiliados recibían los servicios que requerían.

El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, encabezó las operaciones realizadas por 25 fiscales, quienes, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, realizaron 12 allanamientos.

Este nuevo proceso judicial de corrupción es el «caso Cobra». Así lo ha nombrado el MP, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) emitió el pasado 30 de abril una sentencia para prohibir que ese órgano judicial utilizara sobrenombres para identificar a los expedientes, debido a que afectaba el derecho a presunción de inocencia de los imputados. Pero este dictamen no ha tenido efecto, ya que la entidad persecutora continúa haciéndolo.

Esperan suspensión de la audiencia

El abogado de Ada Ledesma Uibera, una “prestadora de servicios”, aseguró ayer que aún desconocía cuáles eran las acusaciones señaladas por el Ministerio Público (MP) en contra de su cliente.

Este representante legal, que se identificó como Marcelino Vargas Brito, dice estar «plenamente convencido» de que la audiencia programada para mañana será pospuesta, debido a que ninguno de los juristas tiene listos los datos sobre el arraigo económico y social de sus clientes, el cual deben presentar ante el tribunal.

Transparencia

Al respecto, en un comunicado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) informó que reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y el Estado de Derecho como pilares del desarrollo nacional. Condenamos cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, tal como hemos sostenido históricamente, procurando investigaciones completas y responsables.

Exigimos que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, identificando responsables, recuperando fondos y aplicando las sanciones que correspondan. Esta lucha debe trascender intereses particulares y contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones.

Garantiza servicios

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó este domingo que continúa garantizando, sin interrupciones, todos los servicios de salud a los más de 7.4 millones de afiliados que conforman sus distintos regímenes, a través de una amplia y fortalecida red de prestadores en todo el territorio nacional.

La institución explicó que la red actual del Seguro Nacional de Salud está compuesta por más de 7,812 médicos independientes, 301 clínicas, 460 centros especializados, 147 laboratorios, más de 50 centros de imágenes y 979 farmacias habilitadas, 185 hospitales, 103 centros de atención primarias, lo que asegura acceso oportuno a consultas, diagnósticos, tratamientos especializados, medicamentos y procedimientos de todos los niveles de atención.