El exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, negó de manera categórica haberse auto-vendido una propiedad mientras ejercía funciones en la institución estatal, como le imputa el Ministerio Público en el proceso judicial que se sigue en su contra.
Piccirillo, quien es señalado por el Ministerio Público de haber recibido RD$58,949,290.44 provenientes de fondos presuntamente desviados mediante un esquema fraudulento vinculado a procesos de reconocimiento de deudas y pagos por terrenos estatales.
El órgano acusador también sostiene que, durante su gestión en el CEA, se aprobaron procesos sin contar con informes técnicos de agrimensores ni tasaciones formales que sustentaran los montos reconocidos, además de alegadas irregularidades en la validación de expedientes y en la tramitación de pagos por terrenos declarados de utilidad pública.
https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/whatsapp-image-2026-03-01-at-115030-02fd3312.jpeg
En un documento que presentó como respaldo de su versión, el exfuncionario explicó que la compra de la propiedad cuestionada se inició en el año 2007, según una solicitud de compra depositada ante el CEA, y que el pago del precio provisional otorgado por la institución concluyó en 2016.
Añadió que ese mismo año solicitó al Catastro Nacional la tasación definitiva y que la respuesta fue emitida en 2020, momento en que, asegura, pagó la diferencia correspondiente conforme a los procedimientos formales.
Además de negar la supuesta “auto-venta”, Piccirillo calificó como infundadas las acusaciones y afirmó que se intenta desacreditarlo públicamente.
“Se están difundiendo mentiras con el objetivo de dañar la moral de una persona honesta”, expresó, al sostener que quienes lo señalan buscan ganar en los medios lo que supuestamente no pueden demostrar en los tribunales.
El caso también involucra al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y a otros exfuncionarios y particulares, a quienes el Ministerio Público atribuye asociación de malhechores, desfalco, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El expediente es instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y se encuentra en fase preliminar ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que deberá decidir si acoge o no la solicitud de envío a juicio de fondo contra los imputados.