«Me puedo morir presa con este Poder Judicial», dijo la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por corrupción, en una audiencia este martes por otra causa en la que está acusada de integrar una presunta red de sobornos entre políticos y empresarios en los años 2000.
La exmandataria (2007-2015) de 73 años cumple en arresto domiciliario una pena de seis años de prisión desde junio pasado y lleva tobillera electrónica.
Al calificar ambos procesos judiciales de «prácticas mafiosas entre jueces y fiscales» para anular su influencia política, la rival del presidente ultraliberal Javier Milei prometió que «en algún momento esto se va a terminar».
«La gente necesita tener una vida, no de lujo, pero sí saber que le va a alcanzar para el alquiler, para las expensas», dijo en un tribunal en Buenos Aires en la primera audiencia presencial del megajuicio que comenzó en noviembre pasado y que hasta ahora se había llevado adelante por videoconferencias.
La acusación
La exmandataria, así como otros 85 exfuncionarios y empresarios, está acusada de conformar una «asociación ilícita» entre 2003 y 2015 para recibir sobornos de empresas por contratos de construcción de obras públicas.
Según la acusación, Kirchner fue «la principal destinataria» de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido y antecesor, Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
«Ahora resulta ser que soy la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la república Argentina«, dijo al tribunal con sorna. «¿En serio? Tienen derecho a perseguir, porque la historia ahora se nutre de persecuciones, pero por favor sean más coherentes».
También acusó a Milei de violar la Constitución cuando dijo a la bancada peronista en el Congreso hace dos semanas que su líder «va a seguir presa». Kirchner se retiró del recinto sin responder preguntas al tribunal pues, sostuvo, se niega a «formar parte de este circo«.
Con banderas argentinas, varios cientos de seguidores se concentraron frente al domicilio de Kirchner en Buenos Aires para expresarle su apoyo cuando salía y volvía del tribunal. Una gran bandera con la leyenda «Cristina libre» atravesana la calle.
Su defensa ha presentado varios recursos de nulidad que fueron rechazados.
La causa tiene como principal prueba las anotaciones manuscritas de un chofer del disuelto Ministerio de Planificación Federal donde llevaba cuenta de supuestas entregas de dinero. La defensa sostiene que su contenido es apócrifo.
Si la exmandataria es hallada culpable puede ser condenada hasta a 10 años de prisión. En ese caso, también podría pedir arresto domiciliario.
El juicio puede prolongarse más allá del 2026, con una lista de testigos que supera el centenar.