Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Cuando se observan los últimos gobiernos democráticos y representativos surgidos de elecciones libres en la República Dominicana, se percibe un patrón repetitivo: los primeros períodos suelen iniciar con fuerza, entusiasmo y cumplimiento de las principales promesas de campaña. Las instituciones reciben nuevas figuras, se proyecta una imagen de renovación y el presidente mantiene un alto nivel de credibilidad y respaldo popular.
Sin embargo, esa dinámica cambia drásticamente en los segundos mandatos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué las reelecciones terminan deteriorándose, aun cuando el gobernante fue reelegido precisamente por “haberlo hecho bien”? La experiencia dominicana demuestra que, sin importar el partido o el líder de turno, el segundo período suele convertirse en un escenario de desgaste institucional, pérdida de control y debilitamiento ético dentro de la administración pública.
Muchos funcionarios, tanto designados como electos, abandonan el compromiso asumido con la ciudadanía y concentran sus esfuerzos en beneficios personales a sabiendas de un futuro incierto. La gestión pública pierde eficiencia y aparecen los excesos, el clientelismo y las malas prácticas administrativas. En ese contexto, la corrupción encuentra terreno fértil para expandirse.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta realidad son las declaraciones juradas de bienes. Aunque fueron concebidas como un mecanismo de transparencia y control regulado por la Cámara de Cuentas, en la práctica han demostrado enormes debilidades. Resulta difícil justificar el crecimiento patrimonial acelerado de numerosos funcionarios durante el ejercicio de sus cargos. En muchos casos, las declaraciones no son verificadas rigurosamente, se presentan con informaciones incompletas o manipuladas, y rara vez generan consecuencias legales concretas.
Ese vacío institucional envía un mensaje peligroso: enriquecerse desde el Estado puede quedar impune. La falta de auditorías profundas y de investigaciones patrimoniales serias debilita la confianza ciudadana y desacredita el discurso oficial contra la corrupción. No basta con exigir declaraciones juradas; es indispensable comprobarlas, compararlas con la realidad económica de cada funcionario y establecer sanciones ejemplares cuando existan inconsistencias injustificables.
La Cámara de Cuentas debe asumir un rol mucho más firme y activo. Sus auditorías financieras y especiales no pueden quedar archivadas ni perderse en trámites burocráticos sin consecuencias penales. Asimismo, el Ministerio Público necesita fortalecer las unidades especializadas en persecución de la corrupción, con fiscales dedicados exclusivamente a esa labor y con un marco legal más severo y eficiente y con régimen de consecuencias acorde con el código penal.
También es necesario fortalecer los mecanismos de control interno en cada institución pública y que esto no sea un discurso político más o retórica sin fundamentos. Muchos presidentes terminan afectados políticamente por la conducta de colaboradores en quienes depositaron confianza y que luego utilizaron sus posiciones para obtener ventajas personales.
La caída de popularidad de numerosos gobiernos durante sus segundos mandatos no suele responder únicamente a errores del presidente, sino también al comportamiento de funcionarios que terminan desacreditando la gestión completa. Por ello, resulta necesario promover una mayor rotación o destitución de funcionarios cuya labor no responda a criterios de eficiencia, transparencia y ética pública. Asimismo, deben incorporarse perfiles técnicos con experiencia comprobada y conducta moral intachable, tanto en el ejercicio público como en su vida privada, evitando que el poder prolongado genere redes de privilegios difíciles de desmontar.
No puede ignorarse que existen casos de personas que procuran acceder a cargos públicos durante un segundo período de gobierno con el único propósito de lograr un enriquecimiento acelerado al amparo del poder. Esa práctica debilita las instituciones, erosiona la confianza ciudadana y termina afectando gravemente la imagen de cualquier administración.
Sobrevivir exitosamente a un segundo mandato es complejo en una sociedad donde los valores públicos se erosionan con rapidez. La integridad, la transparencia y la rendición de cuentas no pueden seguir siendo simples consignas de campaña; deben convertirse en prácticas reales y permanentes del ejercicio gubernamental.
Harry Truman, expresidente de Estados Unidos, resumió ese ideal con una reflexión vigente: la integridad consiste en actuar correctamente aun cuando tenga un costo personal. Gobernar con honestidad implica resistir tentaciones, rechazar privilegios indebidos y comprender que el servicio público pertenece a los ciudadanos, no a intereses particulares.
La virtud debe seguir siendo la brújula del poder. Sin integridad no puede existir confianza; y sin confianza, ninguna democracia logra sostenerse con fortaleza ni legitimidad.
La publicación La pérdida del encanto del segundo período apareció primero en El Día.