El Movimiento Sindical Conjunto (JTUM, por sus siglas en inglés) de Trinidad y Tobago condenó este martes «enérgicamente» la nueva legislación que prohíbe las manifestaciones en las inmediaciones de 15 instituciones estatales.
La nueva orden, firmada por el comisario de Policía Allister Guevarro y ya en vigor, prohíbe las protestas en un radio de 500 metros alrededor de 15 sedes gubernamentales, entre ellas la Casa Roja, los aeropuertos de Trinidad y Tobago, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General y todas las comisarías del país.
- En este contexto, el JTUM subrayó que apoya cualquier medida legal y democrática que erradique la delincuencia y la violencia, sin embargo, la Notificación Legal número 40 de 2026, interfiere con los derechos de los ciudadanos y del movimiento sindical a la hora de defender los intereses de los trabajadores.
«Por lo tanto, consideramos que esas restricciones deben eliminarse«, aseveró el sindicato.
La JTUM hizo hincapié en que considera «firmemente» que esta orden supone un abuso de autoridad por parte de la Policía y pone de manifiesto una alarmante falta de sensibilidad hacia el movimiento sindical y los ciudadanos de a pie que deseen participar en protestas legítimas, legales y pacíficas.
En este sentido, la JTUM recordó al comisario de Policía que el movimiento sindical siempre ha cumplido con las disposiciones de la Ley y que no existe ninguna prueba reciente que sugiera lo contrario.
Reacciones del movimiento sindical y manifestaciones
Por último, la organización sindical reclamó que se derogue «inmediatamente» la Notificación Legal número 40 de 2026, ya que otorga a la Policía amplios poderes que puede utilizar en virtud de las disposiciones del estado de emergencia.
La nueva orden se rubricó el mismo día en el que se organizó una protesta frente a la Oficina del Fiscal General, en Puerto España, para mostrar apoyo a una pareja que murió tras recibir disparos durante un incidente en el que intervino la Policía en San Agustín.
- Tres personas, entre ellas la organizadora de la protesta, Allysa Phillip, fueron detenidas el pasado miércoles durante la protesta.
El Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) alegó que no se había concedido permiso para la protesta y advirtió de que cualquier reunión no autorizada durante el estado de emergencia se consideraría una infracción de la normativa de emergencia.
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, criticó a los manifestantes, acusándolos de hacer propaganda e intentar provocar a la Policía.
El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró a principios de marzo el estado de emergencia en el país después de que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) registrara un «aumento de la actividad delictiva violenta» y asesinatos de las bandas criminales, tras concluir el anterior estado de emergencia el 31 de enero.
Trinidad y Tobago sufre una escalada de la violencia y de criminalidad con cifras récord de homicidios en los últimos años, que en 2024 ascendieron a 626 casos, cifra que descendió drásticamente en 2025 con un registro de 368 asesinatos.