Un nuevo informe policial sostiene que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia orientada a «beneficiar los intereses» del grupo empresarial peruano Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200,000 euros«.
Los investigadores creen que se habrían simulado «servicios de asesoría no prestados» para que Zapatero ingresara esa cantidad entre 2024 y 2025 a través de una «sociedad interpuesta«.
La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española da por «acreditado» que Zapatero «realizó gestiones» para, por ejemplo, conseguir una reunión entre directivos del grupo peruano Gloria, que enfrentaba litigios millonarios con la administración pública de Bolivia, y el ministro de Justicia boliviano, tal y como recoge el informe al que ha tenido acceso EFE.
Según el dosier policial, fechado el 22 de junio, «esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y, como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200,000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research«.
Los investigadores apuntan que Zapatero y Focus Social Research habrían suscrito un contrato de prestación de servicios de asesoría, si bien la UDEF deduce, con base en las conversaciones analizadas, que los servicios prestados «no guardan relación» con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, por tanto, la compañía habría sido empleada como «sociedad interpuesta«.
Detrás de los pagos efectuados por Focus Social Research a una cuenta del expresidente del Gobierno español y antiguo líder del partido socialista (PSOE) estaría el conglomerado empresarial Gloria, según la UDEF, que ve «indicios» de que se habrían simulado «servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos».
Reuniones con «altas esferas políticas de Bolivia»
El objetivo de la supuesta dinámica sería «tratar de mediar o influir» a favor del grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con Bolivia y para ello Zapatero, según la UDEF, «se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia«, como el por entonces presidente de la nación, Luis Arce (2020-2025), y los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado.
Según desgrana cronológicamente el informe, Gertrudis Alcázar –secretaria del expresidente y a quien la Policía otorga un «papel relevante»- agendó, a petición de Zapatero, varias de esas reuniones.
Las gestiones llevadas a cabo por Zapatero se desencadenaron después de que el Estado boliviano ejecutase una serie de actos administrativos que perjudicaron económicamente al grupo Gloria, tras lo que éste solicitó la asesoría del expresidente a cambio de 200.000 euros y una dieta de 10.000 euros diarios más gastos en caso de viajes.
Además de todo ello, la UDEF atribuye a Carmen Almendras, quien fuera embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual asesora de Kreab Bolivia, el papel de «intermediaria» entre Zapatero y Ana María Ospina, directiva del grupo Gloria.
Nuevo informe del caso Plus Ultra
Los investigadores han recopilado toda esta información tras hacer un «primer análisis» de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo en el marco del conocido como caso Plus Ultra.
El nuevo informe, que los investigadores ya han remitido al juez del caso, atribuye al ex secretario general socialista otra presunta línea de influencias distinta a la que, según el magistrado, habría ejercido en favor de la aerolínea Plus Ultra para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y por la que está investigado en la Audiencia Nacional.
«Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes», apunta la UDEF.