Cristina Fernández lleva su caso al Comité Derechos Humanos ONU

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La expresidenta argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupción, anunció este miércoles que elevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al alegar inocencia y que fue víctima de arbitrariedad judicial con el objetivo de proscribirla de la política.

La exmandataria (2007-2015) de centro-izquierda fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato.

  • Desde 2025 cumple prisión domiciliaria.
  • «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal«, sostuvo en una carta publicada en redes sociales.

«Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas», afirmó Kirchner, de 73 años.

La inhabilitación política de Kirchner ha abierto un debate interno sobre quién debe liderar el peronismo, la principal fuerza de oposición al presidente derechista Javier Milei.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, conformado por expertos, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de sus Estados miembro, entre ellos Argentina.

Las peticiones individuales como la de Kirchner requieren de un largo proceso de revisión documental al término del cual si el Comité considera que hubo derechos vulnerados puede emitir recomendaciones solicitando al Estado medidas de reparación.

Según sostuvo Kirchner, el pedido de revisión de la causa ante el comité de la ONU busca que los jueces que participaron del proceso que terminó en su condena sean «sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos«.

Se considera víctima

Kirchner también afirmó ser víctima de «un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino«.

Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de su defensa para evitar un decomiso millonario de sus bienes.

También se le suspendió el cobro de la jubilación de privilegio que recibía como exmandataria y la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner, esta última restituida parcialmente tras apelación.

En junio recibió una intimación judicial para que «se abstenga de desplegar conductas» contrarias a sus condiciones de detención domiciliaria, que incluye tobillera electrónica, al serle advertido que tal beneficio puede ser revocado si altera la convivencia en el vecindario.

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