Florindo Flores, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso conocido como el Camarada Artemio, recibió este miércoles su segunda condena a cadena perpetua en Perú, por el delito de terrorismo a raíz de cuatro emboscadas contra militares del Ejército peruano en 1996.
La condena fue anunciada por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, integrada por los magistrados Máximo Maguiña, Reli Callata y Helbert Llerena, según informó el Poder Judicial de Perú -a través de sus redes sociales-.
Los jueces también impusieron a alias camarada Artemio una indemnización a favor del Estado de 20,000 soles (unos 6,000 dólares).
El terrorista fue declarado culpable de liderar y ordenar las emboscadas a militares sucedidas en torno a la población de Tocache, situada en la región de San Martín, hace treinta años.
Contexto y captura
Alias Artemio ya había sido condenado a una primera cadena perpetua en 2013 por parte de un tribunal de Sala Penal Nacional por los delitos de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.
El cabecilla de Sendero Luminoso fue capturado en 2012, tras haberse mantenido oculto por 28 años como líder del grupo subversivo en la cuenca alta del río Huallaga, en la Amazonia peruana, donde la organización de extrema izquierda perpetró unos quinientos atentados que provocaron alrededor de mil muertos, entre policías, civiles y militares en el país.
La captura de Flores supuso la pacificación del Alto Huallaga, uno de los frentes de mayor actividad de Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno (1980-2000), que en dos décadas de violencia causaron unas 69,000 personas muertas, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
En este periodo, el grupo maoísta Sendero Luminoso y el maxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) buscaron tomar el poder en Perú a través de las armas, hasta poner en jaque al Estado peruano, que respondió con gran fuerza de parte de la Policía y Fuerzas Armadas, instituciones que también fueron denunciadas por decenas de casos de violaciones a los derechos humanos hacia la población.