El Gobierno canadiense expresó este viernes su preocupación por la inscripción como candidatos electorales en Haití de personas que están sujetas a sanciones internacionales por haber contribuido a la violencia, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos o la desestabilización del país.
«Estas candidaturas corren el riesgo de socavar la confianza del público en el proceso electoral y de comprometer el objetivo de restablecer una gobernanza legítima, responsable y democrática», señaló el Gobierno en un comunicado divulgado por la embajada de Canadá en Puerto Príncipe.
La información añade que «quienes son objeto de sanciones internacionales por haber alimentado la violencia, la corrupción o las violaciones de los derechos humanos no deberían comprometer el futuro democrático de Haití».
Inscripción de candidatos sancionados
El Consejo Electoral Provisional (CEP) aplazó el pasado miércoles la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, que debían celebrarse el próximo 13 de diciembre, para el 18 de julio de 2027, debido a la violencia y la crisis de la institucionalidad del país.
Sin embargo, la inscripción de candidatos sigue abierta y hace una semana lo hizo el expresidente Michel Joseph Martelly (2011-2016), sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos armados, entre otros aspirantes con líos judiciales.
Canadá subraya que la legitimidad de las sanciones internacionales contra implicados en actividades como la complicidad con redes criminales y bandas armadas, la corrupción, los tráficos ilícitos, el blanqueo de capitales y las violaciones de los derechos humanos y otros actos que comprometen la paz, la seguridad y la estabilidad institucional de Haití.
- «Mientras continúan los preparativos del proceso electoral es esencial mantener los más altos estándares de integridad y transparencia a fin de preservar la confianza del público«, prosigue la declaración.
Llamado a la transparencia electoral
De esta forma, Canadá insta a las autoridades haitianas, incluido el CEP, a velar por que el proceso electoral se desarrolle en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables, y alienta también a los actores políticos a demostrar su compromiso con los principios democráticos.