El Poder Ejecutivo remitió al Senado de la República, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que fue firmado por la República Dominicana el 7 de julio de 2018 y busca que 99 Estados firmantes se comprometan a bajo ninguna circunstancia hacer uso de ese tipo de armas.
La pieza fue depositada el 3 de marzo del año en curso y remitida a comisión el pasado 9 de marzo. Se trata de un convenio internacional suscrito el 7 de julio de 2017 pero que fue firmado un año después por la República Dominicana.
Al remitir la iniciativa al presidente del Senado, Eduardo Estrella, el mandatario Luis Abinader explica que el Tratado “reafirma el compromiso de una participación plena y efectiva en contra del desarrollo, ensayo, producción, fabricación y adquisición de armas nucleares, incluyendo el almacenamiento, transferencia o control de armas o dispositivos explosivos de manera directa o indirecta”.
De acuerdo a un documento del Servicio de asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario (DIH) dicho tratado es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares.
El mismo entró en vigor el 22 de enero de 2021 y según una información colgado en la página de las Naciones Unidas el compromiso solo podía tener vigencia cuando fuera ratificado por 50 países. El Tratado deberá ser aprobado o rechazado por el Senado y la Cámara de Diputados.
Prohibiciones
Entre las prohibiciones del tratado figuran que cada Estado parte, se compromete a que nunca y bajo ninguna circunstancia recibirá la transferencia o el control de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares de manera directa o indirecta.
Tampoco, podrá usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares; ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del Tratado.
Asimismo, los Estados firmantes no podrán solicitar o recibir ayuda de nadie para realizar cualquier actividad prohibida, ni permitir el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control.
De acuerdo a una ayuda memoria elaborada por la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tratado cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Defensa, que consideró que con su ratificación el país estaría confirmando su posición como nación pacífica, dispuesta a todo tipo de manifestación relacionada con las armas de destrucción en masa, conforme a lo que establece el artículo 67 de la Constitución.