El Juzgado de Atención Permanente de Barahona impuso un año de prisión preventiva como coerción a cuatro jóvenes vinculados al fraude cometido contra el programa de subsidio social Supérate.
La decisión de la magistrada María Consuelo Valenzuela, es contra Hansel Arturo Feliz, Francisco Andrés Sánchez de la Rosa, Andy Reimi Ubiera y Euris Bautista Sánchez, a quienes la Policía Nacional informó haberles incautado 103 tarjetas del referido programa.
El grupo fue detenido el pasado 18 de marzo mientras se encontraban en Barahona, provincia a la que acudieron procedentes de Santo Domingo para vacacionar en el fin de semana, conforme alegó la defensa. Sin embargo, en su solicitud de medidas, el Ministerio Público alega que estaban haciendo contactos con dueños de negocios para pasar las tarjetas.
Tanto el Ministerio Público como la representación legal de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) presentaron al tribunal informes que presuntamente demuestran que las tarjetas retenidas al grupo tienen las bandas electrónicas y códigos del programa Supérate.
Pero Ariel Gómez Rubio, abogado de Andy Reimi Ubiera, declaró que, aunque respetan la decisión del tribunal, están a la espera de que le sea notificada para proceder a presentar un recurso de revisión o de apelación.
Entiende que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no tienen validez toda vez que se apoyan en una auditoría realizada por la propia Procuraduría Especializada para Crímenes de Alta Tecnología, y no por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Gómez Rubio insistió en que los cuatro imputados niegan su participación en los hechos e insisten en que fueron de fin de semana a vacacionar a Barahona.
Además, de la imposición de la prisión, el tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público para que el caso fuera declarado complejo.
Los cuatros con coerción en Barahona se suman a otras seis personas a las que un tribunal de Santo Domingo Este, les impuso coerción por su supuesta participación en el fraude contra Supérate ocurrido en febrero pasado, el que se calcula superior a los 100 millones de pesos.
De acuerdo con la Adess, la estafa habría afectado a unos 80 mil beneficiarios del programa.
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