Las criptomonedas deben su existencia al desarrollo del internet. Sin él no habrían sido posibles. También dependen del suministro de electricidad para que se lleve a cabo el trabajoso proceso computacional requerido para crear nuevas unidades, especialmente en el caso del bitcoin, la más popular e importante de todas ellas. Resulta sorprendente, por lo tanto, que el gobierno de un país aquejado por frecuentes interrupciones en el servicio de energía eléctrica, en el que apenas una décima parte de la población tiene acceso al internet, y sólo una pequeña minoría posee cuentas bancarias, haya decidido conferir al bitcoin el estatus de moneda de curso legal.
El país en cuestión, la República Centroafricana, no es una más del montón de naciones subdesarrolladas. Se distingue por ser una de las más pobres del mundo, con notoria presencia en los niveles más bajos de las listas de indicadores socioeconómicos. En esas circunstancias, si el bitcoin llega realmente a transformar sus condiciones de vida, se abrirá un camino providencial que podría ser imitado por otros países que, aunque también son pobres, no lo son tanto.
Aparte de su gran miseria, la República Centroafricana ha estado sumida en un conflicto civil desde hace diez años, razón por la que el gobierno ha recurrido a mercenarios rusos para combatir a los insurgentes. Su presidente, no obstante, exhibe un desconcertante optimismo, pues considera que al país le aguarda “un futuro digital de posibilidades infinitas”.
Declarado como Imperio Centroafricano en un pasado no muy lejano, el país es el segundo, después de El Salvador, en adoptar al bitcoin como moneda, en paralelo con sus actuales divisas, el dólar estadounidense en el caso salvadoreño, y el franco centroafricano, controlado por Francia y vinculado al euro, en el otro caso. Tanto el FMI como el banco emisor del franco han criticado la decisión.
La expectativa parece ser que por la vía del bitcoin llegarán al país cuantiosas inversiones.