Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva a 77 ciudadanos detenidos el domingo pasado en una operación de policías y militares, cuando hubo un intento de ocupación por la fuerza de un hospital en la ciudad de Yaguachi, en la provincia costera de Guayas.

Varios detenidos fueron capturados en un «centro clandestino de rehabilitación» situado a pocos metros del hospital «donde -aparentemente- se refugiaron cuando llegaron los uniformados», aclaró en un comunicado la Fiscalía que procesará a los 77 encarcelados por el presunto delito de terrorismo.

La Fiscalía, en una audiencia por videoconferencia en la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Contra la Corrupción y Crimen Organizado de Quito, presentó como pruebas las versiones de los agentes que intervinieron en los allanamientos y otras evidencias que se obtuvieron durante la operación.

El juez de la causa acogió un pedido de la Fiscalía y dictó órdenes de prisión preventiva contra los 77 procesados, quienes han sido trasladados a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, ubicada en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.

El Ministerio Público explicó que la instrucción fiscal durará treinta días.

La madrugada del pasado domingo, según los reportes policiales, varios ciudadanos ocuparon las instalaciones del hospital de Yaguachi, donde había sido trasladado un sujeto herido que se cree que formaba parte de una banda de crimen organizado y que posteriormente falleció.

Según las primeras investigaciones, los detenidos, aparentemente, habían ingresado en el hospital de Yaguachi para brindar «resguardo» al herido.

Personal de la Policía que acudió al lugar para atender la alarma generada en el hospital fue recibida con disparos, por lo que se solicitó la asistencia de militares, relató la Fiscalía.

Agregó que varios involucrados en el intento de ocupación de la casa de salud se habrían refugiado en un edificio cercano, donde funcionaba un centro clandestino de atención a personas con adicciones.

Según el Ministerio Público, en ese sitio supuestamente operaba un «centro de comando de un grupo delictivo, que manejaba para su seguridad seis cámaras de videovigilancia, ubicadas en calles aledañas».

Además, en ese inmueble, según la Policía, funcionaba «un prostíbulo donde trabajaban menores de edad».

En los allanamientos se han encontrado «dos armas de fuego tipo artesanal, cinco balas sin percutir, cuatro cuchillos, droga, un chaleco antibalas, dos radios de comunicaciones, cinco teléfonos celulares, seis cámaras videovigilancia y cuarenta panfletos con mensajes del grupo de delincuencia organizada (GDO) ‘Los Águilas'», según detalló la Policía en su parte informativo.

El delito de terrorismo está penado en el código penal ecuatoriano con entre diez y trece años de cárcel.

En Ecuador rige un estado de excepción, con toque de queda nocturno, por la espiral de violencia que han generado grupos de delincuencia organizada a escala nacional que incluyó secuestros, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles y la irrupción en un canal de televisión de trece hombres armados, detenidos poco después del asalto.

El presidente Daniel Noboa declaró también el «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado, a las que designó como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas de seguridad del Estado.