El gobierno del ultraderechista presidente argentino, Javier Milei, publicó el martes un decreto para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no requiere de la aprobación de ambas cámaras del Congreso, en una maniobra que es considerada ilegal por gran parte de la oposición.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se publicó en momentos en que aún el FMI no ha anunciado el acuerdo que aún está ultimando con Argentina, cuya letra chica se desconoce.
Según el gobierno, con los recursos frescos que obtendrá, pagará deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central de Argentina y con el organismo de crédito.
El decreto establece que, en el marco de un nuevo programa de facilidades extendidas, el FMI otorgará a Argentina nuevos créditos por un monto que no se precisa con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia adicional de cuatro años y seis meses.
El texto señala que los fondos obtenidos serán destinados en parte a la cancelación de “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” para sanear el balance de la entidad.
La oposición argumenta en contra del DNU que una ley de 2021 señala que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley que lo apruebe expresamente.
El propio Milei había anunciado el 1 de marzo ante la asamblea legislativa que “dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo» iba a pedir en los próximos días al Congreso que lo apoyara para lograr fondos que logren sanear las cuentas del Banco Central para salir eventualmente del cepo cambiario o las restricciones a la compra de divisas.
Procedimiento adecuado
El Ejecutivo no solicita el apoyo a través de una ley, lo que hubiera sido el procedimiento adecuado según los legisladores opositores y hubiera implicado el apoyo de ambas cámaras. Lo hace con un DNU, por lo que alcanzará con que una de las dos cámaras no lo rechace para que quede vigente.
El oficialismo, que es la tercera minoría en ambas cámaras, espera obtener respaldo para el decreto en la cámara de diputados con el apoyo de aliados circunstanciales, mientras que en el Senado el panorama se le complica porque está dominado por un peronismo más combativo.
Para el gobierno, el decreto tiene fuerza de ley, por lo que no habría inconvenientes jurídicos.
A partir de la firma del decreto concretada el lunes, el gobierno tiene 10 días para remitirlo al Congreso y la comisión bilateral de Trámite Legislativo la misma cantidad de días para empezar a tratarlo.
