SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, urgió este lunes la aprobación de un nuevo Código Penal, al considerar indispensable que el país cuente con una legislación actualizada que responda a la realidad criminal de hoy. No obstante, advirtió que el Ministerio Público no puede detener su labor por la ausencia de dicha reforma legal.
Sus declaraciones surgen tras la imputación por homicidio involuntario a los propietarios de la discoteca Jet Set, colapsada recientemente en Santo Domingo, hecho que causó la muerte de 237 personas.
La indignación ciudadana ha crecido ante la posibilidad de que, aun siendo encontrados culpables, los responsables solo enfrenten una condena máxima de dos años de prisión, por las limitaciones del actual Código Penal, vigente desde hace más de un siglo.
“El Ministerio Público, en su labor esencial de perseguir los crímenes y delitos que ocurren en el territorio de la República Dominicana, necesita una norma sustantiva actualizada. Nuestro Código Penal tiene 141 años y, como es evidente, la criminalidad ha cambiado. Por tanto, también la norma debe cambiar”, sostuvo Reynoso.
La procuradora valoró la intención del Congreso Nacional de aprobar una nueva legislación penal y aseguró que el Ministerio Público colaborará activamente en ese proceso.
“Estamos seguros de que, Dios mediante y con el trabajo del Congreso, en los próximos meses vamos a tener un nuevo Código Penal”, afirmó.
Instrucción a fiscales: trabajar con lo que hay, sin dejar de exigir lo necesario
Pese a los vacíos del marco legal vigente, Reynoso aclaró que los fiscales deben continuar sus funciones amparados en las leyes existentes, incluyendo las especiales, como herramientas complementarias.
“El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Siempre hemos sostenido que hay que buscar apoyo en las leyes especiales. No podemos dejar de hacer el trabajo por el Código que está. La instrucción a los fiscales es clara: trabajar con lo que tenemos, pero sin dejar de reclamar lo que necesitamos”, enfatizó.
La procuradora adjunta subrayó que el órgano persecutor mantiene una política firme frente a los hechos de alta “lesividad social” y que el caso del Jet Set no es una excepción.
“Si ustedes observan nuestra trayectoria, el Ministerio Público ha actuado siempre frente a los hechos con gran impacto social. En este caso no hemos hecho nada distinto. La sociedad merece que se actúe conforme a la normativa vigente”, sostuvo.
El colapso de la discoteca Jet Set ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la urgencia de una reforma penal que contemple sanciones proporcionales y eficaces frente a hechos de gran repercusión, tanto en términos de vidas humanas como de responsabilidad institucional.
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